El Gobierno de Donald Trump autorizó redadas en lugares previamente considerados protegidos, como escuelas, iglesias y hospitales, al revocar una directriz de la administración de Joe Biden que prohibía estas acciones sin autorización especial.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó la medida argumentando que busca “empoderar” a los agentes migratorios para detener a supuestos “criminales extranjeros”, aunque no presentó evidencia de estas acusaciones.
La decisión, anunciada un día después de que Trump asumiera el cargo, refuerza su promesa de realizar la mayor campaña de deportaciones en la historia de Estados Unidos.