Luis Gabriel Velázquez
La delegada del IMSS en Puebla, María Magdalena Tinajero Esquivel, ya despidió a 72 trabajadores de diferentes clínicas en este instituto.
El argumento principal ha sido, en la mayoría de los casos, el presunto incumplimiento de sus funciones.
Los afectados han presentado denuncias individuales y en grupo, asegurando que nunca existió una investigación formal de lo que se les acusa.
Lejos de la versión oficial que provocó su cese, en entrevista con este reportero señalaron que el fondo del problema es porque no se prestaron a favorecer a proveedores del Seguro Social, ligados a la delegada y su círculo más cercano.
Uno de los ex empleados perjudicados estaba a cinco días de jubilarse, tras 38 años de pertenecer a la planta de lavado de ropa en Metepec.
El abogado que encabeza una de las denuncias masivas aseguró que la contundencia de las pruebas entregadas a un juez avanza en un “seguro fallo” en favor de sus representados.
“Esto nos duele, porque el Seguro Social se encuentra en una crisis económica, y la reinstalación de los trabajadores, más la indemnización por el tiempo que no han trabajado, podría equivaler a varios millones de pesos”.
Según estimaciones de quienes formaron parte del IMSS, podrían obtener hasta un millón y medio de pesos por cada demanda.
Según el reglamento del IMSS, a 13 de los 72 despedidos, que ocupaban cargos directivos, se les debió aplicar la cláusula 43, que indica que solo tendrían que haber sido removidos de este cargo para regresar a ocupar su puesto de base, que es en el área operativa.
El colapso es conocido por todos. De acuerdo a la última encuesta que se realiza trimestralmente a nivel nacional, desde la llegada de Tinajero Esquivel, la delegación estatal se desplomó al lugar 33; su antecesora, María Aurora Treviño, lo dejó en el sitio 19.
Esta evaluación interna califica atención al paciente en cuestión de calidad, manejo transparente de recursos e instalaciones, entre otros indicadores.
La sospecha de amaño en los contratos del Seguro Social
Quienes resultaron afectados con estos despidos, muy cercanos a la Jefatura de Conservación, denunciaron que su negativa a favorecer el pago de algunos proveedores fue la “gota que derramó el vaso”.
Entre los privilegiados se encuentra la persona física con actividad empresarial, Omar Robles Cárcaño.
De acuerdo con sus actividades económicas descritas ante el SAT, el proveedor se especializa en la construcción de naves industriales y otro tipo de obras, pero no cuenta con una especialidad médica.
