El robo y contrabando de combustibles, conocido como “huachicol”, sigue siendo un grave problema en México, con un impacto significativo en la economía nacional y en las finanzas de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex). La práctica de declarar combustibles como otros productos, como aceites o lubricantes, permite a los delincuentes evadir impuestos y, en consecuencia, infligir un daño al erario que supera los 150 mil millones de pesos, aproximadamente 7,500 millones de dólares.
El consultor Ramsés Pech ha señalado que desde 2020 se ha notado un aumento inusitado en las importaciones de lubricantes, lo que ha generado sospechas sobre la legitimidad de estas importaciones, cuestionando la falta de un soporte económico que justifique tal actividad. Este fenómeno no solo representa un reto para las autoridades fiscales, sino que también subraya la complejidad del mercado energético en el país, donde la inseguridad y el crimen organizado siguen afectando el sector de los combustibles.
La lucha contra el huachicol continúa siendo un tema prioritario para el gobierno mexicano, en un intento por garantizar la recaudación fiscal y la sostenibilidad de las empresas del estado, como Pemex.
