Tras reuniones con familiares del activista Renato Romero, la Secretaría de Gobernación de Puebla solicitó a la Fiscalía General del Estado analizar la posibilidad de modificar la medida cautelar impuesta al imputado, bajo el respeto a la autonomía institucional y el debido proceso, al no advertirse riesgo de evasión de la justicia.
El titular de la dependencia, Samuel Pala, explicó que esta acción se enmarca en un mecanismo federal de protección a personas defensoras de derechos humanos, el cual también se implementa a nivel estatal. En este contexto, llamó a la Fiscalía a considerar las recomendaciones del mecanismo para garantizar la integridad física de personas en riesgo y fomentar la colaboración entre autoridades, víctimas y organizaciones sociales.
