California, Illinois y Minnesota implementaron recortes en sus programas estatales de salud para migrantes, decisión respaldada por sus respectivos gobiernos estatales. La medida impacta a personas sin estatus legal que habían accedido a estos servicios en años recientes.
Durante casi dos décadas, muchos migrantes como María, residente en California, evitaron acudir a servicios médicos por temor a ser deportados. En años recientes, varios estados permitieron su inscripción en programas públicos de salud, pero los ajustes actuales limitan nuevamente ese acceso.
