El Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito declaró inconstitucional parte de una ley estatal que prohibía al sector privado operar centros de detención para migrantes en Nueva Jersey. La decisión permite que empresas privadas continúen con estos contratos.
Según el fallo, el estado excedió su autoridad al interferir con la aplicación de leyes federales de migración. La resolución ratifica un fallo previo de 2023 contra la ley impulsada por el gobernador Phil Murphy.
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