El diputado de Morena, José Miguel Trujillo de Ita, presentó una iniciativa para adicionar el artículo 65 Bis a la Ley Estatal de Salud, con el fin de que todo embarazo detectado en niñas y adolescentes sea notificado de manera inmediata y confidencial al Ministerio Público y a las autoridades competentes en materia de procuración de justicia y protección de la infancia.
La propuesta busca que instituciones y prestadores de servicios de salud, tanto públicos como privados, activen protocolos de protección integral a fin de salvaguardar la integridad física, psicológica y social de las menores, priorizando el interés superior de la niñez.
De acuerdo con datos oficiales, el embarazo infantil y adolescente en México es un fenómeno multicausal relacionado con desigualdad de género, pobreza, rezago educativo, uniones tempranas y violencia sexual. Sus efectos, tanto sanitarios —como eclampsia, parto prematuro o bajo peso al nacer— como sociales —abandono escolar y precarización—, lo convierten en un problema de salud pública y de derechos humanos.
Tan solo en 2023 se registraron 101 mil 147 nacimientos de madres entre 10 y 17 años, lo que representa una tasa de 11.4 por cada mil adolescentes, siendo Chiapas, Oaxaca y Guerrero los estados con mayores índices. De ese total, 6 mil 798 nacimientos correspondieron a niñas de entre 10 y 14 años, grupo en el que los embarazos suelen estar asociados a coerción o violencia sexual.
En el caso de Puebla, el mismo año se contabilizaron 430 partos en menores de 15 años, de los cuales 82 ocurrieron en la capital, seguida de Tehuacán y Quecholac, lo que coloca a estos municipios como zonas críticas.
La iniciativa retoma criterios de la Guía para la Atención y Protección Integral de Niñas y Adolescentes Madres y/o Embarazadas Menores de 15 años (SIPINNA, 2020), que establece que la notificación sanitaria debe ser el primer paso para activar medidas integrales en materia de salud, justicia y protección, con el objetivo de evitar la revictimización y garantizar respuestas inmediatas.
