Ozair Viveros
El robo y la venta ilegal de combustibles en México ha evolucionado, adoptando nuevas y sofisticadas modalidades. Una de las más preocupantes es el “huachicol fiscal”, un esquema que a diferencia del robo directo a ductos, se enfoca en la evasión de impuestos y la subdeclaración de volúmenes en la importación de hidrocarburos. Este fenómeno en ascenso representa un considerable desafío para las finanzas públicas y la seguridad nacional.
La red de huachicol fiscal opera principalmente en la frontera norte, importando combustibles desde los Estados Unidos. Empresas fachada, creadas con este único propósito, declaran volúmenes inferiores a los que realmente transportan. La diferencia entre lo declarado y lo importado se comercializa ilegalmente, libre de impuestos como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Esta evasión permite a los criminales vender el producto a un precio significativamente menor que el combustible legal, incrementando sus ganancias de manera sustancial.
Desde almacenes secretos hasta gasolineras legales
La distribución y venta del huachicol fiscal no se limita a puntos de venta discretos. Su red clandestina se extiende a gasolineras con permisos legales, que mezclan el combustible ilícito con el legítimo para aumentar sus márgenes de ganancia. También se han identificado centros de distribución clandestinos que operan en zonas remotas o de difícil acceso.
En territorio poblano, esta problemática ha llevado a las autoridades federales a intensificar sus operativos. Investigaciones iniciadas en Tamaulipas se extendieron hasta Puebla tras la detección de empresas fachada y gasolineras que movían combustible ilícito.
El pasado 10 y 11 de septiembre, un operativo coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Marina y la Fiscalía General de la República (FGR), entre otras dependencias, permitió el aseguramiento de dos centros de almacenamiento y cuatro gasolineras que operaban en este esquema.
Los centros de almacenamiento, ubicados en San Francisco Ocotlán, junta auxiliar de Coronango y Chipilo, inspectoría de San Gregorio Atzompa, eran utilizados para recibir los cargamentos que llegaban en pipas desde Tamaulipas.
Desde estos puntos, el combustible era distribuido a diversas estaciones de servicio en municipios como Coronango, San Andrés Cholula, San Miguel Xoxtla y San Gregorio Atzompa. El saldo de estos operativos fue de 12 personas detenidas, el aseguramiento de tractocamiones, pipas, bombas de trasvase y más de 80 mil litros de combustible, según dieron a conocer las autoridades federales.
Las investigaciones de la FGR han revelado que la red de huachicol fiscal estaría presuntamente dirigida por figuras de alto rango, como el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el Contralmirante Fernando. A través de intermediarios, se les acusa de dar dinero a sus subordinados a cambio de permitir descargas ilegales de combustible.
Además, la pesquisa ha destapado la existencia de empresas fantasma, una de ellas con oficinas en la capital poblana.
Estas empresas forman parte de una lista de 555 personas morales investigadas por la FGR en relación con el huachicol fiscal que opera en las aduanas del país. Cinco de estas empresas, incluyendo Grupo Potesta, S.A. de C.V., son consideradas clave por su supuesta participación en las operaciones de importación y comercialización ilícita.
Las direcciones fiscales de estas compañías, proporcionadas al Servicio de Administración Tributaria (SAT), se extienden por Tamaulipas, Querétaro, Guanajuato, Puebla y la Ciudad de México.
En Puebla, una de las direcciones de Grupo Potesta fue señalada en la calle Circuito Roble número 17, en la colonia Tres Cruces, en un fraccionamiento privado (S.A.R.H. Xilotzingo), que según reportes oficiales, es un domicilio particular.
La complejidad del esquema es tal que algunas empresas investigadas, como Grupo Potesta, han sido vinculadas a figuras relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que demuestra la gravedad y los riesgos que implica esta modalidad del crimen organizado.
