En Puebla, legisladores locales presentaron una iniciativa para tipificar la rapiña como un delito en el Código Penal del Estado, con sanciones que irían de cuatro a diez años de prisión y multas de 200 a 600 Unidades de Medida y Actualización (UMA’s).
De acuerdo con la propuesta, se considerará rapiña cuando una persona, aprovechándose de un accidente, desastre natural, catástrofe, alteración del orden público o situación de emergencia, se apodere de bienes ajenos sin derecho y sin consentimiento de su legítimo propietario.
La pena se agravaría hasta en una mitad si el delito es cometido por dos o más personas, si recae sobre bienes de primera necesidad destinados al consumo humano o a la ayuda de damnificados, si se ejerce violencia física o moral sobre las personas, o si ocurre en vías de comunicación, transporte público o instalaciones de auxilio a la población.
Un fenómeno recurrente en desastres
La exposición de motivos señala que la rapiña no debe considerarse como un robo común, sino como una conducta que surge en contextos de vulnerabilidad social, multiplicando el daño en comunidades afectadas por emergencias.
Ejemplos recientes muestran la magnitud del problema: tras el huracán Otis en Acapulco se registraron saqueos con pérdidas superiores a 390 millones de pesos, mientras que en los sismos de 2017 incluso brigadistas y centros de acopio fueron víctimas de robos, lo que complicó la ayuda humanitaria y retrasó la recuperación económica.
Los legisladores subrayaron que este tipo de actos se agravan por la falta de coordinación institucional y la sensación de impunidad, lo que erosiona la confianza social y debilita la solidaridad en momentos de crisis.
Cláusula humanitaria
La propuesta también contempla una excepción para no criminalizar la necesidad: quienes, sin ejercer violencia, tomen únicamente lo indispensable para sobrevivir durante una emergencia no serían sancionados.
Con esta iniciativa, el Congreso de Puebla busca establecer un marco legal específico que sancione con mayor severidad los actos de rapiña, al tiempo de proteger tanto el orden público como la dignidad humana.
