Agustín Hernández
La diputada local de Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano Corrales, presidenta de la Comisión de Asuntos Metropolitanos del Congreso del Estado, presentó una iniciativa para reformar la Ley que Regula el Régimen de Propiedad en Condominio, con el fin de establecer medidas mínimas de seguridad obligatorias en fraccionamientos y condominios de Puebla.
La propuesta plantea modificar el artículo 40 y adicionar los artículos 32 Bis y 49 Bis, con el objetivo de garantizar entornos habitacionales más seguros y sostenibles.
Medidas mínimas de seguridad
De aprobarse, todos los fraccionamientos y condominios deberán contar con:
Casetas de control de acceso en entradas vehiculares y peatonales.
Vigilancia privada certificada las 24 horas, los 365 días del año.
Sistemas de videovigilancia en accesos, vialidades y áreas comunes, con almacenamiento mínimo de 30 días.
Iluminación funcional y postes de seguridad con botón de pánico.
Protocolos de emergencia y planes internos de seguridad coordinados con autoridades.
El cumplimiento de estas medidas será requisito indispensable para la operación legal de los conjuntos habitacionales.
Financiamiento y cobro de cuotas
La diputada subrayó que la seguridad no puede depender únicamente de la capacidad económica de los vecinos, por lo que la iniciativa establece mecanismos de cobranza más eficaces para evitar la morosidad.
Las administraciones de fraccionamientos deberán contar con un área jurídica propia o contratada para recuperar adeudos y representar legalmente a la comunidad. En caso de incumplimiento, asumirán responsabilidad solidaria.
Contexto de inseguridad
Suriano Corrales recordó que en los últimos años se han registrado homicidios, feminicidios, robos y saqueos en fraccionamientos de la zona metropolitana, como Lomas de Angelópolis, La Vista Country Club, Misiones de San Francisco y La Calera, lo que evidencia que estos espacios no están exentos de la delincuencia.
“La seguridad debe ser un derecho mínimo en los fraccionamientos, no un privilegio. Esta reforma busca cerrar un vacío legal y garantizar que quienes habitan bajo este modelo cuenten con entornos más protegidos”, enfatizó la legisladora.
De aprobarse, los fraccionamientos en operación tendrán 12 meses para implementar las medidas obligatorias de seguridad.
