Paola Macuitl
La diputada Delfina Pozos Vergara, de la bancada del PRI, propuso una reforma al Código Penal local para que las violaciones alcancen penas de hasta 50 años si son cometidas por ministros religiosos o servidores públicos.
Actualmente la ley define la violación como la cópula por medio de la violencia física o moral y se castiga con 10 a 30 años de prisión y multa de 50 a 500 Unidades de Medida y Actualización, que equivalen a 5 mil 657 a 56 mil 570 pesos.
Sin embargo, la diputada planteó aumentar la pena hasta en dos terceras partes si este delito es cometido por un ministerio religioso o cualquier otro que implique subordinación de la víctima.
Además, planetó que si un servidor público comete violación, sera destituido e inhabilitado definitivamente en el cargo o empleo, así como suspendido en el ejercicio de su
profesión por un término igual al de la pena de prisión.
Actualmente la ley sólo contempla en esos casos ser destituido definitivamente del cargo o suspendido por cinco años en el ejercicio de dicha profesión.
La diputada propuso en el artículo 269 nuevas agravantes para aumentar la pena de uno a seis años cuando la violación ocurra entre concubinos y cuando la víctima esté a bordo
de un vehículo.
También planteó agregar de uno a seis años de prisión si la violación ocurre en un paraje solitario en centros educativos, deportivos, culturales, religiosos, de trabajo, o cualquier otro de naturaleza social o en inmuebles públicos.
La diputada señaló que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción
Sobre Seguridad Pública 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se estimó una tasa de 4 mil 160 delitos sexuales por cada 100 mil mujeres.
En 2024, la tasa de incidencia de los delitos sexuales por cada 100 mil mujeres fue de 279 para violación sexual y 3 mil 881 para otros delitos sexuales.
En entrevista para A tiempo noticias, la diputada Delfina Pozos Vergara comentó que esta reforma surge por casos de violaciones realizadas por personas relacionadas con el sector religioso y público.
“Como servidores públicos hay que poner el ejemplo en cuanto a que no queden impunes y que tengan un mayor castigo, porque están doblemente conscientes de la situación”, dijo.
Añadió que su iniciativa de reforma es viable porque ya ha sido aprobada en otros estados y afirmó que un violador no puede ejercer funciones en el servicio público o religioso. Pidió a la bancada de Morena y aliados tener “voluntad política” para aprobar esta reforma, toda vez que las mujeres son mayoría en el Congreso local.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, a cargo del diputado Mauricio Céspedes Peregrina, de la bancada del Partido del Trabajo (PT).
