Liz Medrano
El Congreso del Estado de Tlaxcala recibió una iniciativa para reformar el Código Penal local y establecer penas de hasta 66 años de prisión a quien cometa homicidio en contra de trabajadores de la educación, cuando el delito ocurra en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.
La propuesta también plantea sanciones de seis meses a dos años de prisión y multas de 100 a 300 Unidades de Medida y Actualización para quienes presenten denuncias basadas en hechos falsos o inexistentes contra personal docente o administrativo.
En estos casos, la pena aumentaría hasta la mitad cuando la persona denunciada haya sido suspendida o cesada de sus funciones a raíz de una acusación infundada. Asimismo, se prevé incorporar agravantes para el delito de lesiones cometidas contra trabajadores del sector educativo.
La iniciativa surge tras el homicidio de un profesor de nivel medio superior y superior, hecho que motivó el llamado a fortalecer la protección jurídica hacia los docentes y garantizar sanciones más severas para quienes atenten contra su integridad.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública estatal, durante el último ciclo escolar se registraron más de 90 casos de agresiones directas contra docentes en Tlaxcala, lo que evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y seguridad en los centros educativos.
