Ozair Viveros
El fenómeno que conocemos como la “puerta giratoria” no es solo un concepto, es una realidad que alimenta la desconfianza social y la sensación de impunidad, no solo en Puebla, sino en todo el país.
Hablamos de la recurrente liberación de personas detenidas por cometer delitos, a veces horas o días después de su arresto, y esto se asocia directamente con el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (que de “nuevo” tiene nada, pues lleva en vigor desde 2014).
Se suele culpar a los jueces por dejar libres a los presuntos delincuentes, pero la verdad es que el problema implica más factores. La liberación, antes o durante el proceso, rara vez es una decisión ‘a capricho’ del juzgador.
Abogados consultados por A Tiempo Noticias coinciden en que la causa más señalada es una: la deficiencia en la detención y la investigación.
Cuando los policías fallan en documentar correctamente el Informe Policial Homologado (IPH), o entregan tarde al detenido al Ministerio Público, o cometen errores garrafales como filtrar información a la prensa o romper la cadena de custodia de las pruebas, el resultado es predecible: la detención, por más justificada que pareciera, se invalida.
Si una detención no cumple estrictamente con los requisitos constitucionales (la famosa flagrancia o el caso urgente), el Juez de Control tiene la obligación legal de decretar su ilegalidad y por ende, ordenar la libertad inmediata.
El sistema acusatorio, en su afán por proteger la presunción de inocencia, limita la prisión preventiva automática a un catálogo federal de delitos considerados graves.
Esto lleva a una situación: la persona puede seguir su proceso en libertad, a menudo con medidas cautelares alternativas como un brazalete o la presentación periódica, situaciones que ya se han visto en Puebla.
En las audiencias iniciales, muchos de los casos analizados son por delitos no graves. Aunque el sujeto pueda ser reincidente o incluso peligroso, la ley es clara: no procede la prisión preventiva oficiosa.
El Ministerio Público tiene que sudar la gota gorda para demostrar un riesgo de fuga o de reincidencia que justifique encerrar al imputado.
Y así lo explica Jorge Martínez Arreguín, titular de la Coordinación General de Litigación de la Fiscalía General del Estado.
“Está la dimensión en el tipo de delitos que nos lleva a interrogarnos, ¿será necesario que todas las personas que cometen un delito, cualquiera que sea su naturaleza, estén en prisión? La sociedad no busca eso, se buscan herramientas para una auténtica reinserción”, señaló el funcionario.
El robo en sus diversas modalidades (a transeúnte, a comercio, de autopartes), cuando no hay violencia extrema, se convierte en el clásico ejemplo de la “puerta giratoria”.
Pero a pesar de su reincidencia, muchos de ellos vuelven a las calles si no se justifica su peligrosidad ante el juez, y vuelven a delinquir.
Funcionarios del Poder Judicial en Puebla que optaron por el anonimato, enfatizaron que su trabajo se rige estrictamente por el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Constitución. La presunción de inocencia y el respeto a los derechos humanos son sus pilares.
La liberación, insisten, no es un acto arbitrario. Es una consecuencia legal directa cuando hay errores en el procedimiento policial inicial, cuando el Ministerio Público no presenta pruebas robustas o cuando no argumenta con suficiencia técnica la necesidad de la prisión preventiva.
Aun así, el Tribunal Superior de Justicia asegura estar evaluando el riesgo al conceder la libertad en casos de reincidencia.
Sin embargo, no todo recae en el trabajo de las autoridades. Muchas veces, los detenidos por algún delito obtienen su libertad, simple y sencillamente por que los policías, por ejemplo, no pueden remitirlos ante el Ministerio Público, porque no se procede en su contra.
Las víctimas deciden no presentar cargos, ya sea por temor a represalias o porque consideran que denunciar les representará una pérdida de tiempo, y ello, fortalece este círculo vicioso.
