El protocolo de actuación de la policía de la Ciudad de México obliga a los agentes a priorizar la persuasión y el diálogo antes de intervenir en situaciones de riesgo durante manifestaciones. De acuerdo con la normativa, los uniformados deben mantenerse “firmes y tolerantes” y solo pueden actuar contra un agresor bajo la orden del mando correspondiente, incluso si este porta objetos peligrosos.
El documento, denominado Protocolo General de Actuación Policial, señala que los efectivos deben mantener distancia del contingente y garantizar la seguridad de los manifestantes y de las personas ajenas al evento. Además, se especifica que el uso de la fuerza solo podrá aplicarse de forma gradual y proporcional, hasta el nivel de “reducción física de movimientos”, con el propósito de proteger la integridad de todos los involucrados.
La normativa también prohíbe las detenciones masivas y establece que, ante la presencia de armas u objetos que representen peligro, los policías deben intentar persuadir al portador para que los entregue voluntariamente. Solo si existe riesgo inminente para la vida o la seguridad de las personas, el mando puede autorizar la detención del agresor y su presentación ante la autoridad competente.
Durante los disturbios del 2 de octubre, el protocolo fue puesto a prueba. En esa jornada, 94 policías y 29 civiles resultaron lesionados, y solo una persona fue detenida. Posteriormente, agentes marcharon en el Zócalo capitalino para exigir mejores condiciones de seguridad en operativos, mientras la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó los actos de violencia y pidió a la Fiscalía capitalina investigar la participación de grupos encapuchados.
