El presidente del Congreso de Puebla, Pavel Gaspar Ramírez, se sumó a la petición de la presidenta Claudia Sheinbaum para que se investiguen las cuentas de la Fundación Mary Street Jenkins por presunto lavado de dinero.
A través de redes sociales, Gaspar Ramírez indicó que en Puebla no habrá impunidad y que no se protegerá a quienes estén bajo investigación judicial.
El martes 4 de noviembre, la presidenta de México anunció que solicitará a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revisar los presuntos traslados de fondos de la fundación a paraísos fiscales.
José Luis García Parra, coordinador de Gabinete estatal, informó que la Consejería Jurídica analiza desde hace seis meses el destino del fideicomiso de la fundación que administra la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), cuyo monto asciende a aproximadamente 14 mil millones de pesos.
Desde 2016, Guillermo Jenkins de Landa, hermano mayor de la familia, señaló al patronato de la fundación por el desvío de 720 millones de dólares. En junio de 2020, la Fiscalía General de la República reactivó el caso.
Se giraron órdenes de aprehensión contra algunos miembros de la familia Jenkins, que fueron invalidadas en junio de este año por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Toluca. Durante la administración del exgobernador Miguel Barbosa Huerta, la UDLAP permaneció cerrada siete meses y se nombró un nuevo patronato que fue desconocido por la comunidad universitaria; la universidad reabrió en febrero de 2022.
