Ozair Viveros
La difusión de videos a través de redes sociales, en los que se pudo observar a internos del Centro de Reinserción Social de San Miguel en plena fiesta, con latas de cerveza, música y compañía de mujeres, fue un intento por desestabilizar los trabajos que se han venido realizando para por parte del actual Director del Penal, en un esfuerzo por asumir el control total de San Miguel.
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Fuentes cercanas a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado revelaron a A Tiempo Noticias, que de la investigación que se ordenó tras la difusión de dicho material videográfico, se ha logrado identificar a casi todos los implicados en estos hechos.
Se trata de una red conformada por varios reclusos, identificados como Jair A. S., alias El Yayo; Jaime A. S., apodado El Flaco; Javier L. Z., alias Zavala; Joaquín Claudio M., alias El Marmolero; y otro sujeto identificado como Ernesto O. C., supuesto líder de la banda delictiva Los Orea, relacionada con casos de robo de vehículo y hasta desaparición de personas.
Dicho grupo habría comenzado a operar desde hace tiempo, bajo la protección de dos funcionarios que ya fueron separados de sus cargos, precisamente por irregularidades en su desempeño.
Se trata del ex Director del Penal de San Miguel, Gilberto Serna Rivera, y de un jefe de Seguridad y Custodia, identificado como Jesús Francisco, alias Comandante Tauro, que permitieron actividades ilegales al interior del Cereso, que derivaron en que el grupo tuviera el dominio del Penal.
La investigación de la SSP ha establecido -aunque todavía no concluye-, que la filtración de los videos a través de redes sociales, tenía por objetivo desestabilizar la administración del actual director, Jorge Delgadillo, quien recientemente emprendió acciones para recuperar el control del Cereso, con las cuales ha trastocado los intereses de dicho grupo.
La problemática de las mafias al interior del reclusorio que se ubica en la capital poblana, no es reciente y para muestra, lo sucedido hace unos años, cuando la administración de Miguel Barbosa Huerta, desmanteló el llamado “Pueblito”.
Un lugar que operó a la vista de las autoridades por décadas, y que era un verdadero “Estado” dentro de la cárcel, donde el dinero y la corrupción dictaban la calidad de vida de los reclusos.
“El Pueblito” era una zona de autogobierno y absoluta opulencia para ciertos reos, principalmente aquellos con alto poder adquisitivo o ligados a grupos delictivos. En esencia, era un conjunto de construcciones ilegales y estructuras improvisadas que transformaron un área común del penal en una mini ciudad de lujo y comercio ilícito.
Contaba con más de un centenar de cuartos o “suites” construidas ilegalmente, con comodidades ajenas a cualquier centro penitenciario, como camas y muebles de calidad; aire acondicionado y refrigeradores; salas de estar y regaderas privadas.
También con tiendas de abarrotes y ropa, gimnasios improvisados, restaurantes y hasta barberías. En El Pueblito se facilitaban la prostitución, venta de drogas y alcohol y se cobraba “derecho de piso” a otros internos que querían rentar cuartos.
La destrucción física de “El Pueblito” concluyó y fue anunciada públicamente el 17 de julio de 2022.
La demolición de más de un centenar de cuartos, palapas y estructuras ilegales, fue parte de una serie de medidas de seguridad y combate a la corrupción implementadas en el Penal.
