Por: Luis Gabriel Velázquez
Primero fue Vittorio’s, hace dos meses.
Luego La California, la semana pasada.
Los dos negocios volvieron a abrir, pero dejaron inquietos a todos.
Y justo a unos días del Buen Fin, los comerciantes en Puebla prefieren revisar permisos que vitrinas.
La PROFECO dice que solo aplica la ley.
Pero en el Centro Histórico muchos cuentan lo mismo: que los inspectores llegan sin aviso, que amenazan con sellos, que ofrecen “arreglarlo”.
Nada nuevo. Solo que ahora ocurre más seguido.
A nivel nacional, la FGR mantiene abierta una carpeta —FEMDO/FEITATA-CDMX/0000899/2024— sobre una red de funcionarios y exmandos que cobraban cuotas a gasolineras, gaseras y comercios para “salir bien” en las verificaciones.
Les decían “vacunas”.
Montos de entre 13 y 35 mil pesos por establecimiento.
Los señalados lo niegan, pero los testimonios ahí están.
En Puebla, la delegación asegura que aquí no hay corrupción y que los casos de extorsión son obra de falsos verificadores.
Puede ser.
El problema es que los empresarios ya no saben quién toca la puerta: si un inspector real o un estafador.
La PROFECO ha pedido revisar el código QR de las credenciales para confirmar que sean auténticas.
Pocos lo saben hacer, y para cuando preguntan cómo, ya les llenaron el acta.
Entre el miedo a la multa y la desconfianza, el Buen Fin llega con más tensión que ventas.
Y a estas alturas, ya ni ganas dan de abrir la cortina.
