Comisiones del Senado finalizaron el dictamen de la nueva ley contra la extorsión, que fija penas base de 15 a 25 años de prisión y permite incrementarlas hasta 42 años con agravantes. El documento será discutido este día en comisiones de Justicia y Estudios Legislativos.
La propuesta incorpora sanciones para los montachoques, al considerar extorsión la exigencia de pagos por daños derivados de hechos de tránsito provocados de manera intencional. El dictamen añade años de condena cuando se emplea violencia física o moral para obtener el cobro.
El proyecto también incluye agravantes como el uso de armas o instrumentos con apariencia de arma, la simulación de pertenencia a grupos delictivos y acciones que impidan que la víctima presente una denuncia. Otras circunstancias que elevan la pena son el uso de vestimenta o identificaciones similares a las de instituciones de seguridad.
La iniciativa establece de 10 a 20 años de cárcel para policías, ministerios públicos, jueces y custodios que no denuncien actos de extorsión de los que tengan conocimiento. Asimismo, prevé hasta 30 años de prisión para autoridades penitenciarias que permitan extorsiones desde centros de reclusión.
El dictamen fija hasta 12 años de prisión para quienes ingresen teléfonos inteligentes u otros dispositivos electrónicos a los penales. Además, señala que los servidores públicos involucrados en estos delitos serán destituidos e inhabilitados por un periodo equivalente al de la condena impuesta.
