El Senado de la República aprobó con 110 votos a favor la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. La norma busca establecer un tipo penal homogéneo y fortalecer la respuesta institucional ante este delito en todo el país. Debido a las modificaciones realizadas, la minuta fue remitida nuevamente a la Cámara de Diputados para su revisión.
La legislación fija penas de 15 a 25 años de prisión como sanción base por extorsión. También incluye agravantes que pueden elevar la condena hasta 42 años cuando el delito se comete desde centros penitenciarios, involucra violencia, participa delincuencia organizada, se relaciona con “montachoques”, incluye cobro de “piso” o tiene como víctimas a migrantes, candidatos o servidores públicos.
El texto establece que la extorsión será perseguida de oficio. Además, prohíbe el ingreso de dispositivos electrónicos a los centros penitenciarios, crea unidades especializadas en todas las fiscalías, un centro nacional de denuncia anónima y un sistema nacional de información sobre el delito.
La ley incorpora perspectiva de género en la atención a víctimas y obliga a garantizar derechos humanos durante las investigaciones. También fija sanciones para funcionarios públicos que participen en actos de extorsión o que incumplan su responsabilidad frente a estos casos.
La aprobación ocurre en un contexto en el que la extorsión se ubica como el tercer delito más frecuente en el país. Tras la revisión en la Cámara de Diputados, el dictamen podría ser promulgado por la presidenta Claudia Sheinbaum para su entrada en vigor a nivel nacional.
