Escuelas militarizadas para menores son ilegales en México, señala Juan Martín Pérez

La muerte de Dafne Zapata, de 13 años, ocurrida durante actividades en una escuela con formación militarizada en Tamaulipas, reavivó el debate sobre la operación de estos centros educativos en México.

En su colaboración en ATN, Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia para América Latina y el Caribe, sostuvo que este tipo de instituciones operan fuera del marco legal y que no existe ninguna legislación que las respalde.

El especialista recordó que, nueve días después del caso, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió un pronunciamiento en el que señaló que las leyes mexicanas no amparan la existencia de escuelas militarizadas para niñas, niños y adolescentes.

Agregó que previamente la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) también aclaró que estos planteles no tienen relación con la dependencia ni están sujetos a su supervisión.

La legislación prohíbe modelos educativos con violencia

Pérez García explicó que México es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño y cuenta con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, además de reformas educativas que establecen que la educación debe desarrollarse libre de cualquier forma de violencia, humillación, acoso o tortura.

"La educación tiene que estar ajena a toda forma de maltrato, humillación, acoso y, obviamente, tortura; de tal manera que no es posible ni siquiera regular algo que es ilegal", afirmó.

Desde su perspectiva, el debate no solo debe centrarse en la actuación de estas instituciones, sino también en las razones por las que algunas familias continúan viéndolas como una alternativa educativa.

¿Por qué algunas familias siguen enviando a sus hijos?

El coordinador de Tejiendo Redes Infancia identificó tres factores que, a su juicio, explican esta situación:

  • La persistencia de la idea de que la disciplina basada en la "mano dura" fortalece el carácter.
  • La falta de campañas masivas para promover modelos de crianza libres de violencia. Según indicó, alrededor del 60 % de las familias continúa utilizando prácticas violentas con fines educativos.
  • La normalización de la presencia militar en distintos ámbitos de la vida pública durante las últimas dos décadas, lo que podría llevar a algunas personas a asociar estos modelos con una opción para el futuro de sus hijos.

El especialista subrayó que quienes deseen seguir una carrera militar pueden hacerlo al cumplir la mayoría de edad, pero sostuvo que antes de los 18 años la educación no debe estar vinculada con esquemas de formación militar.

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Pide investigar a responsables y evitar nuevos casos

Durante la entrevista, Pérez García recordó que antes del caso de Dafne Zapata se registraron otras muertes de adolescentes en escuelas de este tipo, entre ellas las de Samir Pinto, de 16 años, en 2023, y Eric, de 13 años, cuyo fallecimiento fue reportado en 2024.

Señaló que, tras el caso de Dafne, la presidenta de México se pronunció públicamente y destacó que durante el fin de semana fue detenido el director del plantel, mientras que posteriormente fue detenida una persona identificada como Estrellita, quien era presentada como sargento.

Pérez García afirmó que corresponderá a la Fiscalía determinar las responsabilidades e investigar quiénes son los propietarios de estas instituciones y si realmente tienen algún vínculo con corporaciones militares, ya que, hasta donde se conoce, no forman parte de las Fuerzas Armadas ni cuentan necesariamente con perfiles profesionales especializados en educación o desarrollo infantil.

Concluyó que el objetivo debe ser impedir que se repitan hechos similares y garantizar que la educación de niñas, niños y adolescentes se desarrolle en espacios que respeten plenamente sus derechos.

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