Marina y policía resguardan desalojo del tianguis de Texmelucan tras años de litigio con la SCJN
La comuna comenzó a recuperar terrenos ya pagados en San Lucas Atoyatenco, en cumplimiento de una sentencia que obliga al municipio a cubrir más de 500 millones de pesos
El ayuntamiento de San Martín Texmelucan puso en marcha la recuperación material de terrenos del tianguis municipal que ya habían sido adquiridos por el gobierno local, en cumplimiento de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que mantiene al municipio con una deuda superior a los 500 millones de pesos por el histórico conflicto de los predios.
La mañana del sábado, personal municipal colocó un cerco en una porción del tianguis asentado en San Lucas Atoyatenco, con la vigilancia de efectivos de la Secretaría de Marina y de la Policía Municipal.
Juan Cante, secretario de Gobernación municipal, explicó que la acción respondió a una orden emitida por un juez de distrito para desalojar la zona y devolver al ayuntamiento espacios que ya forman parte de su patrimonio. "Fue una recuperación de espacios municipales en el área del tianguis municipal", señaló el funcionario.
Antes de ejecutar el operativo, el gobierno pidió a las organizaciones de comerciantes que ocupaban el predio desalojar de manera voluntaria, y posteriormente se llevaron a cabo mesas de negociación con sus representantes. Según Cante, ese entendimiento permitió una desocupación pacífica y ordenada.
Un conflicto que arrastra más de treinta años
El episodio se inserta en un litigio que se remonta a mayo de 1994, cuando un grupo de comerciantes fue reubicado hacia los terrenos de San Lucas Atoyatenco, donde el tianguis ocupa hoy alrededor de 18.5 hectáreas. La disputa por la propiedad de esa superficie escaló hasta la Suprema Corte, cuya resolución fijó obligaciones económicas millonarias para el municipio.
El pago de esa indemnización, que actualmente rebasa los 500 millones de pesos, arrancó durante la gestión de la exalcaldesa Norma Layón y continúa bajo la administración de Juan Manuel Alonso. Pese a ello, el avance en la compra de los terrenos ha sido limitado frente a la extensión total en disputa: en abril de 2025, el entonces síndico municipal, Horacio Cano, informó que el ayuntamiento había logrado pagar cerca de 4 mil de las 18 hectáreas involucradas, con la meta de llegar a 5 mil metros cuadrados.
Una de las estrategias trazadas desde el gobierno de Norma Layón consistió en recuperar legal y físicamente los terrenos ya pagados para después comercializarlos entre los propios tianguistas u otros interesados, y así generar recursos que permitan seguir indemnizando a los propietarios originales y avanzar en el cumplimiento del fallo.
El adeudo representa una carga considerable para las finanzas municipales, que deben sostener simultáneamente el pago de la indemnización y la operación cotidiana del tianguis. A ese escenario se suma ahora la discusión sobre el futuro de uno de los principales centros comerciales de la región: la administración de Juan Manuel Alonso ha planteado la posibilidad de trasladar el tianguis hacia la zona donde el gobierno estatal, encabezado por Alejandro Armenta, proyecta construir una Central de Abasto.
Por lo pronto, el ayuntamiento deberá continuar con la adquisición y recuperación de terrenos mientras busca un mecanismo financiero que le permita cumplir con la sentencia derivada de un conflicto que ya rebasa las tres décadas.