Armenta advierte que no habrá impunidad tras detención del secretario de seguridad en Atlixco
Leslie Mora
El gobernador Alejandro Armenta advirtió que en Puebla no habrá protección para servidores públicos involucrados en posibles actos ilícitos, luego de la aprehensión de Antonio N. quien se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública en el municipio de Atlixco y enfrenta acusaciones por cohecho, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal.
El mandatario sostuvo que el procedimiento contra el exmando municipal deberá continuar conforme a las disposiciones legales y sin privilegios, por lo que serán las autoridades ministeriales y judiciales las responsables de establecer si existen elementos para fincarle responsabilidades.
Armenta afirmó que su administración no permitirá que los funcionarios señalados por conductas irregulares queden al margen de la justicia y señaló que el caso de Atlixco forma parte de las acciones emprendidas para atender situaciones que puedan comprometer la seguridad y el funcionamiento de los gobiernos municipales.
Cinco municipios operan con Concejos Municipales
En este contexto, el gobernador mencionó que actualmente existen cinco Concejos Municipales en Puebla, órganos que asumieron las funciones de gobierno en demarcaciones donde los ayuntamientos fueron disueltos o quedaron imposibilitados para continuar con sus actividades. Los municipios son Chalchicomula de Sesma, Tlachichuca, San Nicolás Buenos Aires, Ahuazotepec y Cuautempan.
La conformación de estos órganos ocurrió por distintas circunstancias. En Ahuazotepec y Cuautempan, por ejemplo, el Congreso del Estado declaró la desaparición de los ayuntamientos y posteriormente designó concejos municipales para mantener la administración local.
Con estos antecedentes, Armenta sostuvo que la detención del secretario de Seguridad de Atlixco y la intervención en los cinco municipios evidencian que existen mecanismos para actuar cuando se presentan irregularidades dentro de las estructuras de gobierno. El caso de Hernández Pacheco continuará ahora en manos de las autoridades competentes, quienes deberán determinar su situación jurídica.