Granja cripto de Tlaola, bajo investigación por robo y lavado
Leslie Mora
La investigación federal por la instalación de minería de criptomonedas localizada en Tlaola se concentra en dos posibles delitos: el robo de energía eléctrica y operaciones con recursos de procedencia ilícita, informó el secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González.
Las autoridades buscan establecer quiénes estaban detrás del inmueble y determinar si el suministro eléctrico utilizado para mantener funcionando los equipos era obtenido de manera ilegal. De acuerdo con el funcionario, el elevado consumo que requiere esta actividad convierte el acceso irregular a la electricidad en uno de los principales puntos de la indagatoria.
Además del posible daño a la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la investigación contempla una segunda vertiente relacionada con el manejo de dinero. La Fiscalía General de la República analiza si los activos digitales pudieron utilizarse para blanquear recursos provenientes de actividades delictivas.
Sánchez González precisó que generar o minar criptomonedas no constituye por sí mismo un ilícito en México. Lo que se investiga en este caso son las conductas presuntamente asociadas a dicha actividad, particularmente la obtención irregular de electricidad y el posible movimiento de recursos de origen ilegal mediante criptomonedas.
El secretario añadió que la detección de este tipo de operaciones mantiene en alerta a las autoridades en la Sierra Norte, donde ya existen antecedentes de instalaciones similares. Recordó que en 2025 se realizó un operativo en la zona de Necaxa, luego de que se detectara una actividad relacionada con la minería de criptomonedas.
En el inmueble intervenido en Tlaola fueron localizados cerca de 300 equipos especializados, un transformador eléctrico, alrededor de 80 terminales de media tensión conectadas irregularmente y ocho antenas de comunicación satelital. El operativo fue realizado por la FGR, la Secretaría de Marina y la SSP estatal, mientras el expediente continúa bajo judicialización.