Diputados avalan reforma que prohibe doble nacionalidad para la Presidencia y gubernaturas
La Cámara de Diputados aprobó en lo general una modificación constitucional que también contempla la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La propuesta establece que quienes busquen encabezar el Poder Ejecutivo federal o local deberán contar únicamente con la nacionalidad mexicana, salvo que renuncien a cualquier otra antes de solicitar su registro como candidatos.
La Cámara de Diputados dio luz verde a una reforma constitucional que modifica los requisitos para quienes aspiren a ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
El dictamen, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue aprobado en lo general con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención.
¿Qué plantea la modificación?
La propuesta modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para establecer que las personas que busquen ocupar estos cargos no deberán tener una nacionalidad distinta a la mexicana.
En caso de contar con una segunda nacionalidad, deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos, bajo los procedimientos establecidos en la legislación correspondiente.
La restricción estaría dirigida exclusivamente a quienes pretendan encabezar los poderes ejecutivos federal y estatales, así como el Gobierno de la capital.
Otros cargos de elección popular, como diputaciones, senadurías y presidencias municipales, no quedarían incluidos en esta modificación.
La discusión también alcanzó a la oposición
Durante el debate surgieron posiciones encontradas. Legisladores de oposición cuestionaron que la medida pueda afectar los derechos políticos de mexicanos que cuentan con más de una nacionalidad, particularmente de quienes viven fuera del país.
Desde el bloque que respalda la iniciativa se argumentó que quienes encabecen los poderes ejecutivos deben mantener un vínculo jurídico y político exclusivo con México.
La reforma todavía debe completar el proceso legislativo correspondiente para convertirse en una modificación constitucional vigente. De avanzar en el Senado y obtener las aprobaciones necesarias, el nuevo requisito tendría efectos para futuros procesos electorales conforme al régimen transitorio previsto en el dictamen.