Senado aprueba reforma sobre identidad gráfica; la denominan “Ley antimemes”
El nuevo artículo contempla penas de uno a cinco años de prisión cuando exista uso comercial de elementos gráficos oficiales con intención de inducir al engaño para cometer un ilícito. La oposición cuestionó el alcance de la redacción.
El Senado de la República aprobó este miércoles 30 de septiembre una reforma en materia de propiedad industrial y piratería que, durante su discusión, fue bautizada en el debate público como la “Ley Antimemes”.
El proyecto recibió 68 votos a favor y 34 en contra en lo particular. Morena, Partido Verde y PT respaldaron el dictamen, mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra.
¿Qué conducta contempla la reforma?
Uno de los puntos que provocó mayor discusión fue la incorporación del artículo 403 Bis al Código Penal Federal.
La disposición establece penas de uno a cinco años de prisión, además de multas de entre mil y 10 mil UMA, para quienes utilicen, reproduzcan, imiten o incorporen elementos de la identidad gráfica de instituciones públicas bajo determinadas condiciones.
La conducta debe realizarse a escala comercial y tener como propósito inducir al error o engaño para cometer un ilícito relacionado con la apariencia oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio o sistema. Por ello, el texto aprobado no establece una sanción automática por crear o compartir un meme.
La oposición cuestiona la redacción
Durante la discusión, legisladores de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano señalaron que la disposición podría dejar margen para interpretaciones sobre contenidos que utilicen elementos oficiales con fines de sátira o crítica política.
La preocupación se concentra en que el texto no incorpora una excepción específica para memes, parodias o sátira, pese a que Morena sostiene que estos contenidos no forman parte de las conductas que pretende sancionar.
Morena defiende el alcance de la medida
Desde Morena se argumentó que la reforma busca combatir la falsificación, la piratería y el uso de elementos oficiales para generar engaños, no limitar la crítica política.
El planteamiento oficial sostiene que para configurar el delito deben cumplirse los elementos establecidos en la norma, particularmente el uso comercial y la intención de engañar para cometer un ilícito.
Con la aprobación del Senado, la reforma avanza dentro del proceso legislativo, mientras continúa el debate público sobre los alcances que podría tener en el entorno digital.