Proponen hasta 10 años de cárcel para funcionarios que obstaculicen justicia para mujeres
Carlos Cózatl
Los servidores públicos que entorpezcan las investigaciones de delitos contra mujeres o favorezcan la impunidad en Puebla, enfrentarán penas de cuatro a diez años de prisión.
Así se planteó en el Congreso de Puebla, de acuerdo con la iniciativa presentada por la diputada Leonela Martínez Ayala de Nueva Alianza.
El proyecto legislativo plantea modificaciones a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal del Estado con el objetivo de frenar la negligencia, la indiferencia y los actos de corrupción al interior de las instituciones encargadas de la procuración de justicia.
La propuesta advierte que es atribución expresa y obligatoria para la Fiscalía General del Estado (FGE) que toda muerte violenta de mujeres y niñas sea investigada con perspectiva de género, debida diligencia y bajo el estricto protocolo de feminicidio.
La iniciativa también propone tipificar conductas dolosas cometidas por autoridades. Se castigará a todo funcionario que:
- Incurra en actos de corrupción.
- Retarde u obstaculice las investigaciones.
- Vulnere los derechos procesales de las víctimas.
- Favorezca la sustracción de la justicia de la persona imputada.
Estas acciones ilícitas ameritarán una pena de cuatro a diez años de cárcel y una sanción económica que va de las mil a las dos mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Durante su intervención en el Pleno, la diputada Martínez Ayala enfatizó que las familias de las víctimas no deben enfrentar el desgaste adicional de luchar contra las propias instituciones de justicia.