Juez de Tecamachalco habría facilitado fuga de preso por omisión en proceso penal: FGE
La presunta omisión de documentos relacionados con un proceso penal, que habría propiciado la fuga de una persona de la cárcel de Tecamachalco, es el motivo por el que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla investiga a Enrique N., juez de lo Civil y de lo Penal de ese distrito judicial.
De acuerdo con la Fiscalía, el funcionario judicial, de 58 años, es señalado por su probable responsabilidad en delitos cometidos en la procuración y administración de justicia, así como evasión de presos. Su detención se realizó el 20 de octubre de 2026, en la ciudad de Puebla.
¿Qué hizo presuntamente el juez de Tecamachalco?
Según las investigaciones de la FGE, en septiembre de 2024, Enrique N. habría omitido remitir las constancias de un proceso penal al juez de ejecución itinerante en el estado.
La dependencia sostiene que esta omisión presuntamente propició que, el 18 de septiembre de 2024, una persona se evadiera de la cárcel de Tecamachalco.
La Fiscalía no detalló la identidad de la persona que escapó, el proceso penal al que estaba vinculada ni las circunstancias específicas en las que ocurrió la evasión.
La investigación busca establecer la posible responsabilidad del juez en estos hechos, por los cuales se obtuvo una orden de aprehensión en su contra.
¿Cómo fue detenido Enrique N. en Puebla?
La captura del juez ocurrió el martes 20 de octubre de 2026, cuando agentes de la Fiscalía ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia El Ángel, en la ciudad de Puebla.
Durante la intervención, Enrique N. salió del domicilio hacia la vía pública. En ese momento, elementos de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción le notificaron que existía una orden de aprehensión vigente en su contra y procedieron a detenerlo.
El mandamiento judicial fue emitido por un juez de Control de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tecamachalco.
La FGE informó que continuará con las actuaciones legales correspondientes para determinar la situación jurídica del imputado. Hasta la información proporcionada, no se ha comunicado una resolución judicial sobre su responsabilidad en los delitos investigados.