Poder Judicial de Puebla ofrece colaborar con Fiscalía en investigación contra el juez Enrique “N” por presuntas irregularidades

El Poder Judicial de Puebla manifestó su disposición a colaborar con la Fiscalía General del Estado (FGE) en las investigaciones relacionadas con presuntas conductas irregulares atribuidas a un juez integrante de la institución, tras la difusión de información sobre el caso en medios de comunicación.

Mediante un comunicado, el organismo señaló que el Consejo de la Judicatura atenderá los requerimientos de las autoridades competentes dentro de sus atribuciones, con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.

La institución también reconoció el trabajo de la Fiscalía en la integración de las carpetas de investigación relacionadas con el caso, aunque no precisó cuáles son las presuntas irregularidades investigadas ni proporcionó información sobre la identidad del juez.

Consejo de la Judicatura descarta protección a servidores judiciales

En su posicionamiento, el Poder Judicial sostuvo que las personas servidoras públicas deben cumplir las obligaciones establecidas en la legislación y los principios que rigen el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, aseguró que el Consejo de la Judicatura no contempla protección ni privilegios para integrantes de la institución ante posibles incumplimientos de sus responsabilidades.

El organismo indicó que las conductas individuales de los servidores públicos no representan necesariamente el funcionamiento de toda la institución, pero reconoció su obligación de actuar conforme a la ley.

También señaló que permanecerá atento a las determinaciones que emita la Fiscalía General del Estado de Puebla respecto de las investigaciones mencionadas.

Reportan 18 sanciones administrativas entre 2025 y 2026

Como parte de su posicionamiento, el Poder Judicial presentó cifras sobre las acciones emprendidas en materia de responsabilidades administrativas.

De acuerdo con la información institucional, entre noviembre de 2025 y octubre de 2026, el Consejo de la Judicatura emitió 30 determinaciones administrativas, de las cuales 18 correspondieron a sanciones contra personas servidoras públicas.

El comunicado no detalla las faltas que motivaron esas sanciones, el tipo de medidas aplicadas ni los cargos de las personas involucradas.

Tampoco establece una relación directa entre esas resoluciones administrativas y la investigación relacionada con el juez mencionado.

Hasta lo señalado en el documento, no se informa sobre una resolución definitiva en el caso ni se precisa la situación jurídica del integrante del Poder Judicial.

La institución indicó que mantendrá su disposición a colaborar con las autoridades mientras la Fiscalía determina lo correspondiente a las investigaciones.

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