Sheinbaum reabre debate sobre el gasto electoral: INE y partidos reciben miles de millones de pesos
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, insistió en la necesidad de reducir los recursos públicos destinados al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los partidos políticos, al considerar que el costo del sistema electoral debe revisarse para garantizar un uso más eficiente del presupuesto federal.
La mandataria recordó que presentó una iniciativa de reforma electoral con el propósito de disminuir el gasto de estas instituciones; sin embargo, la propuesta no obtuvo la mayoría calificada requerida para su aprobación legislativa.
Durante su intervención, mencionó que los recursos destinados al ámbito electoral ascienden a aproximadamente 22 mil millones de pesos en 2026, mientras que para el siguiente ejercicio presupuestal refirió una cifra proyectada de 35 mil millones de pesos.
Contrasta presupuesto electoral con educación y salud
Para explicar la dimensión de estos montos, Sheinbaum comparó el gasto electoral con el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como con los recursos necesarios para construir y rehabilitar hospitales públicos.
La presidenta señaló que una intervención mayor en un hospital del ISSSTE puede representar alrededor de 400 millones de pesos, mientras que una unidad hospitalaria del IMSS con capacidad para 200 camas puede requerir cerca de 2 mil millones de pesos.
Con estos ejemplos, planteó la importancia de analizar las prioridades presupuestales y determinar si los recursos destinados a las instituciones electorales pueden reducirse sin afectar sus funciones.
Busca transparentar recursos del INE y partidos
Sheinbaum sostuvo que la revisión del gasto debe incluir tanto el presupuesto operativo del INE como las prerrogativas que reciben las fuerzas políticas.
También consideró necesario conocer con mayor detalle las contrataciones del organismo electoral y la manera en que se distribuyen y ejercen los recursos públicos.
La mandataria reiteró que su propuesta busca disminuir el costo de los procesos electorales y revisar el financiamiento de los partidos, sin poner en riesgo la organización de las elecciones ni el funcionamiento de las instituciones democráticas.
El planteamiento mantiene abierto el debate sobre el monto de los recursos públicos destinados al sistema electoral y la posibilidad de establecer mecanismos que permitan optimizar su utilización.