Inhabilitan por 10 años a exalcaldesa de Cuautlancingo; deberá pagar multa de 7.6 mdp
La expresidenta municipal de Cuautlancingo, María Guadalupe Daniel Hernández, fue sancionada con diez años de inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, luego de que el Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Puebla la determinara responsable de una falta administrativa grave consistente en desvío de recursos públicos.
De acuerdo con la resolución correspondiente al expediente 85/2024-PRA-SERA-2, emitida por la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas, el Tribunal estableció la responsabilidad de Daniel Hernández por hechos relacionados con su desempeño como presidenta municipal de Cuautlancingo.
La sanción contempla diez años de inhabilitación, conforme a lo establecido en el resolutivo segundo de la sentencia. Además, se ha reportado una multa económica por 7.6 millones de pesos.
La resolución representa un nuevo escenario para la exalcaldesa, quien en días recientes manifestó su intención de participar en el proceso interno de Morena para obtener la Coordinación Municipal del partido y buscar posicionarse rumbo a las elecciones de 2027.
En el mismo proceso interno también se inscribió Alberto Vázquez, identificado como yerno de la exalcaldesa y pareja sentimental de la regidora Ana Laura Papaqui Hernández. De acuerdo con versiones políticas locales, ambos contarían con el respaldo de Daniel Hernández para impulsar este proyecto.
El escenario político también involucra a Papaqui Hernández y a la regidora de Movimiento Ciudadano, Evelyn Camela, quienes han mantenido una postura crítica frente al gobierno municipal encabezado por Omar Muñoz.
Ambas integrantes del Cabildo han protagonizado cuestionamientos a la administración municipal, en un contexto de diferencias políticas que se han intensificado de cara a la disputa por los espacios de representación rumbo a 2027.
La sanción contra Guadalupe Daniel Hernández coloca bajo escrutinio sus aspiraciones políticas y abre interrogantes sobre el futuro del grupo político que busca mantener presencia en Morena y en la vida pública de Cuautlancingo.
El caso también pone en el centro del debate la responsabilidad de quienes han ocupado cargos públicos y los criterios que deberán considerar los partidos políticos al definir a sus próximos representantes.