Armenta respalda investigación sobre red de corrupción electoral; señala origen de la mafia
Leslie Mora
El gobernador Alejandro Armenta Mier respaldó la investigación federal sobre una presunta red de corrupción relacionada con contratos de material electoral y reconoció el trabajo de la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, quien expuso los antecedentes de las empresas señaladas y sus vínculos con organismos electorales.
El mandatario poblano sostuvo que los hallazgos presentados durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo permiten identificar que esta estructura no surgió recientemente, sino que tiene antecedentes de varias décadas.
Además, acusó a la oposición de intentar responsabilizar a los gobiernos de la Cuarta Transformación por irregularidades cuyo origen, dijo, corresponde a administraciones anteriores.
“Un grupo de delincuentes que se enquistaron en el Instituto Federal Electoral, Nacional Electoral, y lo importante es cómo se dio este origen y cómo generaron toda una red de corrupción”, expresó.
La investigación presentada por Buenrostro identifica a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas como figuras centrales de una estructura empresarial dedicada a proveer materiales electorales.
De acuerdo con la cronología expuesta, ambos trabajaron en el Registro Nacional de Población (Renapo), perteneciente a la Secretaría de Gobernación, durante la década de 1980 y posteriormente tuvieron vínculos laborales con el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
Después de su paso por la administración pública, incursionaron en el sector empresarial. Una de las primeras compañías relacionadas con esta trayectoria fue Cartonera Plástica, que comenzó a participar en contrataciones de material electoral desde 1999.
En 2005, un contrato otorgado por el Instituto Electoral del Estado de México derivó en un escándalo por presuntas irregularidades y provocó la renuncia de siete consejeros electorales.
El crecimiento de las empresas se intensificó en años posteriores. Según los datos presentados por la Secretaría de Anticorrupción, entre 2015 y 2023, compañías vinculadas con los hermanos obtuvieron contratos por 2 mil 94 millones de pesos en 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
Mientras que entre 2024 y 2025 consiguieron adjudicaciones por otros 646.3 millones de pesos en 15 organismos estatales.
Entre las posibles irregularidades detectadas se encuentra la participación de compañías relacionadas entre sí en procedimientos de contratación para aparentar competencia, así como el uso de empresas sin capacidad operativa suficiente y posibles prestanombres.
Estos mecanismos forman parte de las líneas de investigación que las autoridades federales buscan esclarecer.
Ante estos señalamientos, Armenta manifestó su respaldo a la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de investigar los hechos y combatir la impunidad. También insistió en que los resultados deberán permitir identificar a quienes participaron en esta estructura y evitar que se responsabilice a la actual administración por prácticas que, según la exposición federal, tienen antecedentes desde hace más de 27 años.