Llama Monreal a elegir por consenso a la nueva presidenta del INE tras escándalo de corrupción

El nombramiento de la próxima presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) debe darse por consenso de todas las fuerzas políticas para lograr restaurar la confianza ciudadana e institucional, sentenció el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila.

Durante su visita a Puebla, con motivo del informe de actividades legislativas de los diputados federales poblanos celebrado en el Auditorio de la Reforma, el legislador de Morena reconoció que la crisis que atraviesa el órgano electoral es "profunda".

Por ello, Monreal indicó que, a pesar de que el bloque de la Cuarta Transformación (4T) cuenta con los votos suficientes en San Lázaro para aprobar el perfil en solitario, imponer a la nueva titular sin el respaldo de la oposición generaría un rechazo inmediato por parte de la ciudadanía.

"Se requiere hacer un esfuerzo con todos los grupos parlamentarios para que salga por consenso, que sea una persona mujer que nos pueda representar a todos. No es fácil, pero estamos construyendo el consenso", declaró el coordinador de la bancada guinda.

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El diputado federal advirtió que la profunda crisis de credibilidad que envuelve al INE obliga a todas las bancadas a llegar a un acuerdo. Señaló que si la próxima presidenta es electa únicamente haciendo valer la mayoría calificada del oficialismo, el nombramiento carecerá de la fortaleza necesaria para encarar el proceso electoral intermedio de 2027.

"La situación de irregularidades es tan profunda en el INE que, si no lo logramos así, a quien resulte electa por mayoría calificada tendrá un nacimiento cuestionado y tendremos un escenario muy delicado para generar confianza en el órgano electoral", reconoció Monreal.

Cabe recordar que la urgencia legislativa por renovar la presidencia del instituto surge tras la reciente renuncia de Guadalupe Taddei. La extitular se vio obligada a dejar el cargo en medio de graves señalamientos de corrupción, tras ser acusada de beneficiar con contratos irregulares a siete empresas directamente vinculadas con la familia Hernández Casillas, lo que detonó la actual crisis de confianza en el árbitro electoral.

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