Gobernador señala contratación de manifestantes para bloquear vialidades por conflicto en penal
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, comentó que las autoridades ya tienen identificados a los grupos que estarían detrás de las protestas registradas el martes en siete puntos de la capital poblana y la zona metropolitana, donde presuntos familiares de internos del penal de San Miguel bloquearon vialidades durante más de tres horas para denunciar extorsiones y exigir la destitución del director del centro penitenciario.
Un día después de las movilizaciones que ocasionaron afectaciones a automovilistas y usuarios del transporte público, el mandatario expresó que los participantes habrían sido contratados para permanecer dos horas en las vialidades y cuestionó que rechazaran establecer una mesa de diálogo con las autoridades estatales.
"Tenemos muy claro quiénes están detrás de ello, pero eso no es limitante para revisar. Vamos a revisar", declaró al señalar que las movilizaciones fueron sincronizadas y que uno de los grupos se presentó armado y con pasamontañas.
Armenta también consideró extraño que los manifestantes se retiraran después del tiempo que, según sus declaraciones, les habrían pagado para participar en los bloqueos. "Es muy raro que una vez que las dos horas que me dicen se contrataron para que estuvieran manifestándose, se hayan ido todos", expresó.
Las protestas del 10 de noviembre fueron encabezadas por personas que se identificaron como familiares de internos del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel.
Entre sus principales exigencias estuvieron la destitución del director, Jorge Ortiz, por presuntos actos de corrupción, extorsiones y cobros irregulares que, según sus denuncias, alcanzarían hasta los 300 mil pesos. También señalaron amenazas, falta de medicamentos y otras irregularidades al interior del reclusorio.
Gobierno Estatal anuncia traslados y revisión del penal
Como parte de las acciones que emprenderá la administración estatal, Armenta anunció el traslado de dos personas privadas de la libertad consideradas de alta peligrosidad, quienes fueron señaladas durante las protestas. "Esas personas se van a trasladar, quiero decirles, ya le pedí a las áreas correspondientes que lo analicen", afirmó.
Además, informó que durante la reunión de la Mesa de Paz se acordó realizar una revisión a fondo del funcionamiento del penal de San Miguel y otros centros penitenciarios, con la participación de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y autoridades federales.
El gobernador sostuvo que su administración está dispuesta a investigar las denuncias de los familiares y mantener el diálogo; sin embargo, también se indagará quiénes organizaron las movilizaciones y el presunto pago a las personas que participaron en los cierres viales.