Publican en el DOF la "Ley Antimemes"; hasta cinco años de cárcel
La reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial quedó publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre y entró en vigor al día siguiente.
El nuevo artículo 403 Bis prevé de uno a cinco años de prisión y multas de mil a diez mil Unidades de Medida y Actualización por ciertos usos comerciales de la identidad gráfica institucional.
Aunque la medida se difundió con el apodo de “Ley Antimemes”, su aplicación se vincula en el texto legal con el uso de elementos oficiales para inducir a error sobre el origen institucional de una comunicación, documento, plataforma o servicio, con la intención de cometer un ilícito.
El propósito declarado es responder a fraudes que suplantan a instituciones; la discusión se centra en si la redacción delimita ese objetivo con suficiente precisión.
El artículo comprende el uso, reproducción, imitación o incorporación, a escala comercial, de identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales pertenecientes a instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno.
La pena máxima equivale, según el monto señalado en el documento de contexto, a cerca de 1.17 millones de pesos.
El Gobierno sostiene que la reforma busca combatir engaños y fraudes, no sancionar memes o sátira política.
Sin embargo, organizaciones civiles y legisladores de oposición han advertido que la amplitud de algunos términos podría abrir espacio a interpretaciones contra periodistas y creadores de contenido.
Daniela Carrasco, del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, señaló que la formulación podría generar incertidumbre para expresiones como la parodia y la crítica visual.
El contexto incluye fraudes digitales que recurren a videos manipulados con tecnología deepfake y páginas que imitan sitios oficiales para obtener datos personales o promover inversiones falsas.
La reforma establece sanciones cuando se cumplen los elementos descritos en la ley; el debate pendiente es cómo se interpretarán esos requisitos y cómo se distinguirá la suplantación con fines ilícitos de la expresión crítica.