Analizan aumento al pasaje en Puebla; tarifa podría cambiar tras siete años
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Leslie Mora
El Gobierno de Puebla mantiene abierto el análisis para determinar si autoriza un nuevo incremento a la tarifa del transporte público, que actualmente cuesta 8.50 pesos para autobuses y microbuses, luego de siete años sin modificaciones. La secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio, confirmó que los estudios técnicos y económicos están próximos a concluir, aunque evitó adelantar si el ajuste se aplicará antes de que termine 2026 o hasta el próximo año.
La funcionaria reconoció que se trata de una decisión complicada debido a las repercusiones que tendría directamente en la economía de miles de familias poblanas que utilizan diariamente camiones, microbuses y unidades tipo van para trasladarse a sus centros de trabajo, escuelas y hogares. Sin embargo, consideró que mantener sin cambios la tarifa también representa un problema para la continuidad del servicio, ante el incremento que han registrado los gastos de operación de los concesionarios.
"Es un tema delicado por el impacto que esto tiene en las familias, pero más delicado aún considero yo es no hacerlo y que nos quedemos sin sistema de transporte", expresó Tanús Osorio al ser cuestionada sobre la posibilidad de que el aumento se concrete durante este año o hasta 2027.
La titular de Movilidad explicó que uno de los principales elementos que se consideran en el estudio es el incremento acumulado de los costos que enfrentan los transportistas desde la última actualización de la tarifa. Como ejemplo, señaló que el precio del diésel ha aumentado aproximadamente 30 por ciento, mientras que el índice de precios al consumidor registra un incremento cercano al 40 por ciento durante el periodo que se está tomando como referencia.
En contraste, sostuvo que el costo del pasaje permanece sin modificaciones desde hace siete años, por lo que existe una diferencia entre los gastos que implica mantener en circulación las unidades y los ingresos que reciben los concesionarios por cada viaje.
"El diésel ha subido un 30 por ciento, el índice de precios al consumidor ha subido un 40 por ciento en esa época y la tarifa ha subido un cero por ciento", señaló la secretaria al explicar algunos de los factores que se consideran para determinar si es necesario modificar el precio del servicio.
Tanús Osorio indicó que el propósito del análisis es encontrar un punto de equilibrio entre las necesidades económicas de los transportistas y la capacidad de pago de los usuarios, pues reconoció que un incremento representaría un gasto adicional para quienes utilizan el transporte público varias veces al día.
En ese sentido, explicó que el estudio no solamente contempla los costos de operación, sino también la posibilidad de que los concesionarios puedan mantener sus actividades y obtener ganancias, al considerar que muchos de ellos son pequeños empresarios que dependen de los ingresos generados por sus unidades.
"Tenemos que hacer un análisis muy serio y estamos valorando que no se dé la afectación a las familias, pero también que el propio concesionario salga con sus gastos de operación y con su ganancia, porque ellos son empresarios, pequeños empresarios", comentó.
La secretaria insistió en que todavía no existe una determinación sobre el nuevo precio del pasaje y pidió esperar a que concluyan los estudios antes de anticipar cualquier escenario. Aseguró que la decisión no depende únicamente de su postura como titular de la dependencia, sino de los resultados técnicos y económicos que se encuentran en revisión.
"No lo descarto, tampoco lo afirmo, porque eso sería el resultado del análisis que precisamente estamos desarrollando", puntualizó.
El último aumento fue en octubre de 2019
La última modificación a la tarifa del transporte público en Puebla ocurrió el 12 de octubre de 2019, durante el gobierno de Miguel Barbosa Huerta, cuando el costo del pasaje para autobuses y microbuses pasó de seis a 8.50 pesos, lo que representó un incremento de 2.50 pesos, equivalente a aproximadamente 41.6 por ciento.
En aquella actualización también aumentó el precio para las unidades tipo van, que pasó de 5.50 a ocho pesos. La decisión se anunció después de casi nueve años sin cambios en el costo del servicio, pues el último ajuste anterior se había realizado en diciembre de 2010, cuando la tarifa general quedó establecida en seis pesos.
El incremento de 2019 fue presentado por las autoridades estatales como parte de un acuerdo con los concesionarios para mejorar las condiciones del transporte público y renovar las unidades que circulaban en la entidad.
Entre los compromisos establecidos se encontraba la instalación de cámaras de videovigilancia, sistemas de posicionamiento GPS y botones de pánico, dispositivos que debían estar conectados con las corporaciones de seguridad para atender situaciones de riesgo dentro de las unidades.
También se estableció un plazo de 120 días para que los transportistas cumplieran con las condiciones de modernización, además de implementar medidas de supervisión y capacitación para los operadores. En ese momento, el gobierno estatal advirtió que habría consecuencias para quienes incumplieran los acuerdos.
De esta manera, el aumento de 2019 no solamente significó un ajuste en el bolsillo de los usuarios, sino que estuvo acompañado de una serie de compromisos para mejorar la seguridad, las condiciones físicas de las unidades y la calidad del servicio.
Ahora, siete años después de aquella actualización, la posibilidad de un nuevo incremento vuelve a colocar al transporte público en el centro de la discusión, particularmente por las condiciones en las que operan las rutas y las necesidades de movilidad de la población.
Modernización y frecuencias, otros pendientes
Además del posible aumento, Silvia Tanús reconoció que el sistema de transporte público enfrenta problemas relacionados con la calidad del servicio, entre ellos los largos tiempos de espera entre una unidad y otra, situación que afecta diariamente a los usuarios.
Explicó que la Secretaría de Movilidad y Transporte mantiene supervisiones y aplica observaciones a los concesionarios para atender las deficiencias detectadas, aunque reconoció que existen rezagos acumulados durante varios años que no pueden resolverse de manera inmediata.
"Diario las aplicamos, diario, por eso hay inconformidades, por eso es que tenemos el problema de que estamos desfasados y no estamos dando un buen servicio al ciudadano, porque las frecuencias son muy largas", reconoció.
La funcionaria señaló que uno de los objetivos de la dependencia es reducir los tiempos de espera y encontrar una solución integral que permita mejorar la prestación del servicio, sin limitar las acciones a una posible actualización de la tarifa.
En ese sentido, sostuvo que transformar el sistema de transporte representa un reto debido a las deficiencias y prácticas que se han acumulado durante años, por lo que consideró que los cambios requieren un proceso de revisión y seguimiento.
"Es difícil que en un plumazo se pueda cambiar todo. En eso estamos", expresó.
Finalmente, destacó que el gobernador Alejandro Armenta Mier ha manifestado interés en mejorar el transporte público y atender tanto las necesidades de los usuarios como los derechos de los concesionarios.
"El gobernador ha demostrado la verdad que está muy interesado en que tengamos un buen sistema de transporte y que los concesionarios también sean respetados en sus derechos, pero que privilegiemos a la ciudadanía", concluyó.
Por ahora, los usuarios deberán esperar a que concluyan los estudios para conocer si habrá un nuevo ajuste, cuánto podría costar el pasaje y a partir de cuándo entraría en vigor. La secretaria reiteró que informará oportunamente sobre la determinación, sin comprometer una fecha ni confirmar que el incremento vaya a concretarse.
