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13 de mayo de 2026
El Consejo de la Judicatura del Estado iniciará una investigación administrativa contra el juez Enrique Romero Razo y personal de su juzgado, tras detectar posibles irregularidades en la modificación de medidas cautelares a favor de Manuel Forcelledo Nader, sentenciado a 76 años de prisión por el feminicidio de Karla López Albert cometido en 2014.
La indagatoria surge luego de que el juzgador otorgara la medida de firma periódica al sentenciado durante una audiencia realizada este martes, la cual se llevó a cabo bajo condiciones procesales cuestionables y sin la presencia del juez titular.
Ausencia de autorización y delegación de funciones
De acuerdo con fuentes del Tribunal Superior de Justicia, Romero Razo solicitó una licencia para ausentarse de sus labores esta semana; sin embargo, el Consejo de la Judicatura denegó la solicitud debido a la relevancia de la audiencia programada para el caso López Albert.
Pese a la negativa, el juez no asistió y dejó en funciones a la secretaria de acuerdos, quien presuntamente recibió instrucciones sobre el sentido de la resolución.
El órgano de vigilancia judicial investigará por qué se permitió la salida de un hombre con una sentencia ratificada de siete décadas por un delito grave.
Desde el interior del Poder Judicial se calificó el procedimiento como una acción “plagada de irregularidades” que contraviene los protocolos de ejecución de sentencias.
“El Consejo ya abrió una investigación contra Enrique Romero Razo y personal del juzgado. No debió existir tal liberación bajo el esquema de firma periódica”, confirmaron fuentes institucionales.
El crimen
El caso de Karla López Albert, ocurrido en febrero de 2014, marcó un precedente en la exigencia de justicia en Puebla. La víctima, quien se encontraba embarazada, fue asesinada tras una serie de presiones presuntamente por parte de Forcelledo para interrumpir la gestación. Tras años de litigio, se logró una condena de 76 años de prisión, considerada en su momento un castigo ejemplar para este tipo de delitos.
La investigación administrativa determinará las sanciones correspondientes para los funcionarios involucrados, mientras se revisa la legalidad de la resolución que permitió a Forcelledo Nader obtener este beneficio procesal.
