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4 de abril de 2026

Paola Macuitl Gallardo
La diputada Azucena Rosas Tapia, de Morena, presentó una reforma al artículo 417 del Código Penal local para castigar con tres meses a tres años de prisión a las autoridades agrarias que soliciten, exijan, reciban u obtengan dinero o cualquier beneficio indebido de personas campesinas, ejidatarias, comuneras o agricultores.
La diputada propuso el castigo para quien valiéndose de la información obtenida con motivo de su empleo, cargo o comisión en materia agraria, se aproveche de su autoridad y también reciba algún tipo de soborno de productores agrícolas, habitantes de zonas rurales para realizar trámites, gestiones o solicitudes que normalmente sean gratuitos.
Además, habría una multa de 1 a 10 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que equivalen a 117.31 pesos, hasta mil 173 pesos.
La morenista señaló que su reforma busca eliminar las diferencias de poder entre los servidores públicos y personas dedicadas al campo o que viven en comunidades rurales.
Añadió que el acceso a información relacionada con programas, subsidios, regularización de tierras, uso de suelo o resolución de conflictos agrarios, puede ser indebidamente utilizado para lograr beneficios personales.




