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Las medidas disciplinarias responden a investigaciones administrativas que confirmaron conductas contrarias a la ética y legalidad judicial: Sandra Lucía P. (Tecamachalco): Fue destituida e inhabilitada tras determinarse que, como Jueza de lo Civil y de lo Penal, ordenó la cancelación de un embargo en un juicio mercantil, acto para el cual carecía de competencia













