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11 de abril de 2026

El gobierno de Estados Unidos advirtió sobre posibles injerencias del crimen organizado en sindicatos mexicanos, tras la resolución relacionada con la mina Camino Rojo, ubicada en el estado de Zacatecas.
De acuerdo con la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales, los operadores de la mina contrataron a un narcotraficante para intervenir en reuniones sindicales y afectar la organización de trabajadores. El documento señala que “los operadores de la mina perjudicaron los empleos y la industria estadounidenses al ceder ante los narcotraficantes”.
El informe también indica que personas armadas realizaron amenazas de muerte y acudieron a domicilios de trabajadores para presionarlos a aceptar un sindicato específico. Estas acciones fueron analizadas por un panel laboral del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que resolvió a favor de Estados Unidos.
Según el reporte, “la mina contrató a un conocido narcotraficante para interrumpir las reuniones sindicales con personas armadas”, lo que derivó en denuncias por la negación de derechos laborales y actos de violencia contra empleados que buscaban negociar salarios y condiciones laborales.
Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno de México informó que rechazó el veredicto y señaló que la implementación de medidas debe fortalecer las instituciones nacionales sin afectar las facultades de las autoridades mexicanas en materia laboral.




