Desafueran a alcalde de Ixhuatlán del Sureste por investigación del homicidio de la periodista Roxana Guzmán
El Congreso de Veracruz aprobó el desafuero de los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, ambos emanados de Movimiento Ciudadano (MC), para que enfrenten los procesos penales iniciados por la Fiscalía General del Estado (FGE).
La decisión fue avalada con 40 votos de legisladores de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), mientras que ocho diputados de Movimiento Ciudadano, PAN, PRI y el legislador independiente Héctor Yunes Landa votaron en contra. Además, dos diputados estuvieron ausentes durante la sesión.
Acusaciones contra los alcaldes
De acuerdo con el dictamen aprobado, Raúl González Martínez enfrentará un proceso penal por su presunta autoría intelectual en el homicidio de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, ocurrido el 2 de junio en el municipio de Nanchital, al sur de Veracruz.
Tras la separación del cargo, la suplente Juliana Ruiz Martínez, también de Movimiento Ciudadano, asumirá la Presidencia Municipal de Ixhuatlán del Sureste.
Por su parte, Bertín Bravo Montero, alcalde de Úrsulo Galván, enfrentará un proceso por el presunto delito de desaparición forzada en agravio del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y de su escolta Ignacio López Torres.
Su lugar al frente del ayuntamiento será ocupado por el suplente Jesús Rosado Guzmán.
Movimiento Ciudadano denuncia persecución política
Antes de la votación, Movimiento Ciudadano difundió un posicionamiento en el que rechazó lo que calificó como "justicia selectiva y persecución política" en Veracruz.
En el documento, firmado por su coordinador nacional, Jorge Álvarez Máynez, el partido informó que solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) medidas de protección ante lo que consideró intromisiones y arbitrariedades del Gobierno estatal.
Asimismo, reiteró su postura de cero tolerancia a la impunidad, al tiempo que pidió que los procesos se desarrollen con apego al debido proceso, autonomía institucional y respeto a la voluntad ciudadana.