Inahbilitan a 13 trabajadores del Cecofam por presuntos moches a familias en Puebla
Leslie Mora
Familias que acudían al Centro Estatal de Convivencia Familiar (Cecofam) para cumplir con visitas y convivencias derivadas de procesos judiciales se encontraron con presuntas prácticas de corrupción. Un total de 13 trabajadores fueron removidos de sus cargos tras ser señalados por corrupción, específicamente por cobrar dinero para favorecer a alguna de las partes.
El presidente del Consejo de la Judicatura, Pedro Martínez Hernández, explicó que la investigación alcanzó a personal de distintas áreas, entre ellos psicólogos, trabajadores sociales, médicos, directivos y jefes de departamento.
Las indagatorias permitieron seguir el rastro de los pagos a través de transferencias realizadas a cuentas personales. Lo que llamó la atención de los investigadores fue que algunos de estos depósitos terminaron en las mismas cuentas bancarias donde los trabajadores recibían su salario.
De acuerdo con el magistrado, los presuntos cobros estarían relacionados con dictámenes utilizados en asuntos de custodia, visitas y convivencia familiar, por lo que las investigaciones buscan determinar si los servidores públicos utilizaron sus funciones para beneficiar a alguna de las partes.
Martínez Hernández no dio a conocer cuánto dinero habrían solicitado o recibido los trabajadores involucrados, debido a que los procedimientos administrativos de responsabilidad continúan abiertos y revelar esos datos podría interferir con las investigaciones.
Poder Judicial de Puebla suma 800 expedientes vs servidores públicos; solo 25 fueron sancionados
El caso del Cecofam se suma a los más de 800 expedientes iniciados durante el último año contra servidores públicos del Poder Judicial de Puebla por diferentes irregularidades. Sin embargo, hasta ahora solo 25 personas han recibido una sanción.
Entre los funcionarios sancionados figuran cinco jueces, además de auxiliares, diligenciarios y notificadores. Cinco servidores públicos fueron inhabilitados durante un año, mientras que otros recibieron suspensiones como consecuencia de los procedimientos emprendidos.
El titular del Consejo de la Judicatura explicó que muchas de las denuncias se conocen durante los recorridos que realizan por los juzgados del estado, donde tienen contacto con ciudadanos y abogados. A partir de esos señalamientos, se invita a los usuarios a presentar formalmente sus quejas ante el Órgano Interno de Control.
El funcionario recordó que los servidores públicos también cuentan con mecanismos legales para defenderse de las resoluciones, por lo que algunos procedimientos todavía pueden ser impugnados. Incluso, una trabajadora recurrió a un amparo y el Poder Judicial permanece a la espera de la notificación.
Con estas investigaciones, el Poder Judicial busca identificar y sancionar conductas que puedan afectar a quienes recurren a los tribunales para resolver conflictos, especialmente en casos familiares, donde una decisión puede tener consecuencias directas en la convivencia entre padres, madres e hijos.