SEP fija nuevas reglas para celulares en escuelas; no habrá un catálogo nacional de castigos
El Acuerdo 09/09/26 contempla restricciones para dispositivos personales, pero prioriza prevención, diálogo y corresponsabilidad con las familias en lugar de sanciones generales.
La Secretaría de Educación Pública formalizó las nuevas reglas para el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos personales en escuelas públicas y particulares del país, mediante el Acuerdo 09/09/26 publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Las disposiciones entrarán en vigor el 3 de noviembre de 2026 y no incluyen un catálogo nacional de sanciones para los estudiantes que incumplan las restricciones. El enfoque planteado por la SEP es preventivo y formativo, con participación de docentes, alumnos y familias.
En educación básica —inicial, preescolar, primaria y secundaria— los dispositivos deberán permanecer restringidos durante toda la jornada escolar, incluidos los recreos.
Podrán utilizarse cuando exista una actividad pedagógica previamente programada o por causas de emergencia, salud, discapacidad, accesibilidad, inclusión o alguna necesidad extraordinaria de la comunidad educativa.
Preparatorias definirán sus propios esquemas
Para educación media superior, la SEP permitirá que cada plantel establezca sus propias condiciones mediante consulta y acuerdos con su comunidad.
Entre las alternativas contempladas se encuentran guardar los dispositivos en un espacio determinado, permitirlos únicamente en ciertos horarios o zonas, restringirlos durante toda la jornada o utilizarlos bajo programación pedagógica.
En educación superior se promoverá un uso responsable respetando la autonomía universitaria.
Las autoridades educativas también deberán organizar asambleas con madres, padres y tutores para explicar e implementar las nuevas disposiciones.
Cada seis meses se prevén ejercicios de evaluación y retroalimentación y, a partir del 3 de noviembre, las autoridades estatales y de Ciudad de México tendrán 180 días naturales para adecuar sus disposiciones locales.
La regulación también incorpora criterios sobre privacidad, consentimiento, ciberacoso, discriminación y uso responsable de información digital.