Tres mexicanos enfrentan cargos en Estados Unidos por presunto fraude fiscal de más de 74 millones de dólares
Tres ciudadanos mexicanos residentes en el área metropolitana de Atlanta fueron acusados en Estados Unidos de participar en un presunto esquema para defraudar al Servicio de Impuestos Internos (IRS) por más de 74 millones de dólares mediante declaraciones fiscales fraudulentas.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal contra Gustavo Rojano Salazar, Gabriel Rojano Salazar y Andrés Huerta Rendón.
Los tres son señalados por presunto fraude postal y electrónico, así como por conspiración para cometer lavado de dinero.
Según documentos judiciales, el esquema habría operado desde 2019 hasta la fecha.
Los acusados presuntamente obtuvieron documentos de identificación mexicanos a nombre de terceras personas para tramitar Números de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) ante el IRS.
Estos números son asignados a personas obligadas a presentar declaraciones fiscales federales que no cuentan con un número de Seguro Social o no son elegibles para obtenerlo.
Habrían cobrado más de 16 mil cheques
De acuerdo con la acusación, los señalados utilizaron las identidades de ciudadanos mexicanos titulares de ITIN para presentar declaraciones fiscales fraudulentas y obtener reembolsos del Tesoro estadounidense.
Las autoridades sostienen que cobraron más de 16 mil cheques de reembolso por un monto superior a 74 millones de dólares en una empresa dedicada al cambio de cheques.La investigación atribuye a los tres acusados una presunta participación en las operaciones utilizadas para obtener y cobrar los recursos.
En caso de ser declarados culpables, podrían enfrentar penas máximas de hasta 20 años de prisión por cada cargorelacionado con conspiración para cometer fraude postal, fraude postal, fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero.
Además, Gustavo y Gabriel Rojano Salazar enfrentan cargos adicionales por presuntas falsedades en formularios migratorios, que podrían implicar penas máximas de hasta 15 años de prisión por cada cargo.