Fiscalía de Puebla mantiene abiertas carpetas vs El Toñín
Leslie Mora
La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene investigaciones abiertas contra Antonio Valente Martínez Fuentes, conocido como El Toñín, señalado por su presunta relación con el robo de hidrocarburos en Puebla, confirmó la fiscal Idamis Pastor Betancourt, quien aseguró que las autoridades ministeriales continúan con las indagatorias correspondientes.
La declaración ocurre en medio de la atención pública que ha generado el caso, luego de que Martínez Fuentes reapareciera en redes sociales para rechazar los señalamientos que lo relacionan con actividades de huachicol y cuestionar a los medios de comunicación que han informado sobre su presunta participación en estos hechos.
Ante las preguntas de reporteros sobre la existencia de denuncias o investigaciones, Pastor Betancourt fue directa al señalar que la institución ya cuenta con carpetas abiertas contra el hombre y que esta situación había sido informada previamente.
“Él puede decir y manifestar lo que él quiera, nosotros estamos haciendo las indagatorias pertinentes al respecto”, respondió la fiscal al referirse a las declaraciones públicas de Martínez Fuentes.
La funcionaria no dio a conocer cuántas carpetas existen, cuáles son los delitos específicos que se investigan ni si hay órdenes de aprehensión vigentes contra el señalado. Tampoco anunció una fecha para una eventual detención.
Quecholac, en el centro de la atención
El caso está relacionado con el contexto de seguridad del Triángulo Rojo, región poblana que durante años ha registrado actividades vinculadas con el robo de combustible. Entre los municipios que integran esta zona se encuentran Quecholac, Palmar de Bravo, Acatzingo, Tecamachalco y Tepeaca.
En esta región, las autoridades han señalado la presencia de estructuras delictivas y posibles redes de protección. Sin embargo, las investigaciones contra Martínez Fuentes deberán determinar su eventual responsabilidad en hechos concretos, sin atribuirle automáticamente todos los delitos registrados en la zona.
El gobernador Alejandro Armenta ha advertido sobre la posible existencia de complicidades dentro de instituciones públicas que habrían facilitado las operaciones de grupos criminales. En ese contexto, ha defendido las revisiones internas realizadas en dependencias de seguridad y procuración de justicia para identificar posibles actos de corrupción.
Intercambio de información con la Federación
Pastor Betancourt explicó que la Fiscalía estatal mantiene comunicación con la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla y con la Fiscalía General de la República (FGR) para compartir información sobre personas identificadas como objetivos prioritarios.
Como referencia, mencionó las acciones relacionadas con Juan N., alias El Moco, así como las investigaciones vinculadas con hechos delictivos en Esperanza. La fiscal indicó que esta coordinación continúa y que las instituciones pueden apoyarse mutuamente cuando identifican coincidencias entre sus líneas de investigación.
La colaboración entre autoridades forma parte de la estrategia para investigar a personas presuntamente relacionadas con actividades criminales. No obstante, la titular de la FGE no precisó si la información compartida con la Federación incluye nuevas diligencias específicas contra El Toñín.
Sin plazo para una captura
El secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, había explicado que detener a dirigentes de organizaciones delictivas puede resultar complejo por factores como su capacidad económica, los sistemas de vigilancia y las posibles redes de protección.
En declaraciones anteriores, el funcionario informó que durante la administración estatal se habían detenido 150 objetivos prioritarios, entre ellos El Moco. También sostuvo que las acciones de seguridad se apoyan en labores de inteligencia e investigación para identificar y desarticular estructuras criminales.
Por ahora, la confirmación de Idamis Pastor establece que las carpetas contra El Toñín continúan abiertas, pero no representa un anuncio de captura inminente. La Fiscalía tampoco ha hecho públicos nuevos detalles que permitan establecer el estado procesal de cada investigación.
El avance del caso dependerá de las diligencias ministeriales y de los elementos que las autoridades logren reunir para sustentar las posibles imputaciones. Mientras tanto, Martínez Fuentes conserva la presunción de inocencia, pues la existencia de investigaciones no equivale a una sentencia que determine su responsabilidad penal.