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14 de mayo de 2026

Paola Macuitl Gallardo
Organizaciones como Citizen Go, Red Familias y Civilitas entregaron al Congreso de Puebla 17 mil firmas para exigir que no se apruebe la reforma al Código Civil estatal que permitiría a menores de edad modificar el nombre y género en su acta de nacimiento.
La iniciativa, conocida como reconocimiento de las infancias transgénero, es impulsada por la diputada Gabriela Chumacero Rodríguez y al respecto, las organizaciones pidieron que se lleve a cabo una mesa de parlamento abierto para que especialistas, colectivos y familias poblanas expongan argumentos técnicos, científicos, jurídicos y sociales sobre el alcance de la reforma.
Durante la entrega, los colectivos desplegaron una lona sobre la Calzada Ignacio Zaragoza con el mensaje “SCJN: no decidan por nuestros hijos, Puebla protege a la infancia”. También mostraron cartulinas con frases como “con los niños no”, “la Corte no legisla” y “mis hijos no son del estado”.
Los voceros pidieron que se informe públicamente sobre la recepción del documento y que sea turnado a la Comisión Permanente, instancia que concluyó funciones el 15 de mayo con el inicio del periodo ordinario.
Solicitaron además que el expediente pase a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, presidida por el diputado del PT, Mauricio Céspedes Peregrina, por ser la encargada de dictaminar la propuesta antes de llevarla al Pleno.
El pronunciamiento se dio luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenara al Congreso informar, en un plazo de 10 días hábiles que vence el 29 de mayo, el estado del proceso legislativo.
La Corte recordó que en la acción de inconstitucionalidad 73/2021 estableció que negar a niñas, niños y adolescentes el cambio de género en documentos oficiales viola su derecho al libre desarrollo de la personalidad.
“Los diputados fueron electos para representar a los poblanos y escuchar a la sociedad. La Suprema Corte interpreta la Constitución; no puede sustituir la representación democrática ni imponer agendas bajo presión institucional”, afirmaron.





