Gobierno prepara acciones legales contra exservidores públicos por contratos de Audi y CIS
Leslie Mora
El Gobierno de Puebla prepara acciones legales contra exservidores públicos del Partido Acción Nacional (PAN) que, de acuerdo con el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, participaron en la construcción de los contratos que mantienen al estado pagando por las plataformas de Audi y el Centro Integral de Servicios (CIS).
García Parra afirmó que ya están identificados los exfuncionarios de administraciones panistas que intervinieron en lo que calificó como una “ingeniería legal” para establecer estos compromisos financieros, por lo que descartó continuar negociando con los empresarios que actualmente realizan los cobros.
“Estamos hablando de mil 500, mil 600 millones de pesos todavía que faltan por pagar este año y el año siguiente. Vamos a continuar con una ruta jurídica. No es de negociación”, sostuvo el funcionario.
El funcionario eststal agregó que se buscará que los poblanos dejen de cubrir estos recursos bajo las condiciones actuales.
El señalamiento se da mientras la administración estatal revisa la posibilidad de contratar un crédito de corto plazo para liquidar anticipadamente las obligaciones.
En el caso de las plataformas de Audi, construidas para la instalación de la armadora en San José Chiapa, el saldo pendiente reportado ronda los mil 500 millones de pesos; de acuerdo con información difundida previamente por el gobierno estatal, aproximadamente 750 millones corresponderían a pagos de 2026 y una cantidad similar a 2027.
El segundo compromiso corresponde al CIS de Angelópolis, cuyo esquema financiero contempla pagos hasta diciembre de 2037.
García Parra ha señalado que este contrato representa alrededor de 250 millones de pesos anuales para las finanzas estatales, mientras que el compromiso de las plataformas de Audi tiene vencimiento en noviembre de 2028.
La revisión de ambos contratos forma parte de una estrategia para determinar si resulta más conveniente liquidar anticipadamente los adeudos que continuar con los esquemas vigentes.
Según información financiera citada recientemente, entre ambos proyectos todavía existe un saldo de alrededor de 2 mil 173 millones de pesos, aunque las cifras varían según si se considera capital, intereses y las condiciones contractuales.
García Parra también respondió a quienes pudieran señalar una persecución política contra los involucrados y advirtió que la actividad partidista no impedirá que se investigue su participación.
“El que sean activos en redes del PAN no quiere decir que tengan un velo protector contra sus actos de corrupción y que después digan que se les está persiguiendo; ellos se prestaron para un negocio”, afirmó.
El coordinador de Gabinete sostuvo que la intención es cerrar la ruta de pagos que actualmente absorbe recursos públicos y determinar responsabilidades sobre la forma en que fueron estructurados los acuerdos. La decisión sobre un eventual financiamiento todavía se encuentra en análisis financiero y jurídico.