Más de 315 trabajadores del Gobierno de Puebla han sido separados de sus cargos
Más de 315 servidores públicos han sido separados de sus cargos en el Gobierno de Puebla, entre suspensiones e inhabilitaciones, como resultado de procedimientos administrativos y disciplinarios, informó el secretario Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandro Espidio Reyes.
El funcionario explicó que las sanciones derivan de distintas irregularidades y faltas acreditadas mediante los procedimientos correspondientes.
Entre las causas que han motivado la salida de trabajadores se encuentran el abandono del empleo, incumplimiento de obligaciones laborales, terminación del nombramiento y destituciones derivadas de investigaciones por responsabilidades administrativas.
Sanciones quedan registradas
Espidio Reyes señaló que las medidas disciplinarias se incorporan a los registros oficiales, aunque su publicación depende de la gravedad de la falta y de que las resoluciones hayan quedado firmes.
En el caso de las faltas administrativas graves, las sanciones pueden incluir inhabilitaciones para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. Mientras que las faltas no graves permanecen en los archivos de las autoridades competentes para considerar posibles reincidencias.
Los antecedentes pueden consultarse en el Sistema Estatal de Servidores Públicos y Particulares Sancionados, disponible en la plataforma de la dependencia.
Vigilan contrataciones públicas
Por otra parte, el secretario informó que mantienen revisiones a empresas y contratistas que buscan participar en licitaciones estatales, principalmente para detectar documentación alterada o información presuntamente falsa.
A través del Sistema de Registro de Proveedores del Estado de Puebla se verifica la información de personas físicas y morales que solicitan incorporarse al padrón oficial. Además, los órganos internos de control supervisan los concursos públicos para identificar posibles irregularidades.
Estas investigaciones pueden iniciarse a partir de denuncias o cuando las autoridades detectan posibles incumplimientos durante los procedimientos de contratación pública.