La ruta facturera del tirador de la Atlixcáyotl

Falsificar documentos para acceder a contratos gubernamentales no es una “irregularidad administrativa”; es un ataque directo a la confianza pública. Si además esa documentación presuntamente alterada sirve para ingresar al padrón de proveedores del gobierno, la gravedad aumenta, porque el objetivo deja de ser únicamente engañar a una autoridad y se busca acceder al dinero de la manera que sea.

Eso es precisamente lo que hoy investiga la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno de Puebla. Seis empresas fueron denunciadas penalmente por presentar documentación alterada para registrarse como proveedoras y contratistas del estado. Entre ellas, una razón social vinculada a Rafael Zabalza Beraza, conocido públicamente como “El Tirador de la Atlixcáyotl”: Petroaadlab.

Los hechos son claros. El propio secretario Alejandro Espidio Reyes confirmó durante la mañanera del lunes, la presentación de seis denuncias penales, una por cada empresa involucrada. No se trata de una especulación ni de un rumor. Se trata de investigaciones ya iniciadas para determinar responsabilidades penales y administrativas.

Petroaadlab forma parte de un grupo de razones sociales relacionadas con Rafael Zabalza Beraza: Unidad de Inspección Cado, Aquaadlab, Corporativo Falcón (o Falcón SIAP), Iterbio y la propia Petroaadlab. Un entramado empresarial que hoy merece un escrutinio mucho más profundo del que hasta ahora ha tenido.

El monto del contrato que presuntamente obtuvo Petroaadlab ronda los 1.2 millones de pesos. No es una cifra escandalosa dentro del presupuesto estatal, eso es incluso de risa, pero precisamente ahí está el punto. Los esquemas de simulación rara vez empiezan con contratos multimillonarios. Muchas veces operan mediante adjudicaciones relativamente pequeñas que permiten facturar recursos públicos sin levantar demasiadas alertas.

Si la investigación confirma que hubo documentación falsa para acceder al padrón, la pregunta inevitable es: ¿cuántos contratos pudieron derivarse de ese registro y bajo qué condiciones fueron otorgados?.

Petroaadlab no es cualquier empresa. Su actividad consiste en realizar análisis de combustibles y productos petrolíferos para verificar que gasolinas y diésel cumplan con las normas aplicables. Es decir, su trabajo exige absoluta independencia técnica y ojo aquí porque entonces también habría que investigar a los empresarios de los combustibles.

Sin embargo, diversas fuentes consultadas por esta servidora, sostienen que las verificaciones terminaban favoreciendo sistemáticamente a quienes contrataban sus servicios. En otras palabras, quienes pagaban eran quienes obtenían resultados aprobatorios. También refieren que expedientes técnicos, como carpetas de riesgo para estaciones de servicio, eran replicados prácticamente sin modificaciones entre distintos clientes.

Si estas prácticas fueran acreditadas por las autoridades competentes, no hablaríamos únicamente de un problema administrativo. Estaríamos frente a un sistema donde la certificación técnica pierde todo valor y la seguridad queda subordinada al negocio.

El origen tampoco puede ignorarse. Petroaadlab fue constituida el 29 de marzo de 2017 y ese mismo año obtuvo un contrato durante la administración de la llamada mini gubernatura de Antonio Gali Fayad. Hoy corresponde a las autoridades revisar si todos los requisitos fueron cumplidos conforme a derecho y si el procedimiento resistía una revisión seria.

Extrabajadores de empresas vinculadas al mismo grupo empresarial me relataron que las utilidades nunca llegaban porque constantemente se les informaba que las compañías estaban “en números rojos”. En Corporativo Falcón, por ejemplo aseguran, apenas recibían alrededor de 200 pesos por ese concepto. En Iterbio, afirman, únicamente existe una persona registrada en la nómina.

Son datos que, por sí solos, no acreditan la existencia de empresas fantasma. Pero que sí dibujan un patrón que merece ser investigado: múltiples razones sociales, estructuras laborales mínimas, escasa capacidad operativa y movimientos empresariales que obligan a preguntar si varias de esas compañías existían para prestar servicios reales o simplemente para facturar.

Cada empresa que logra ingresar al padrón estatal mediante documentación presuntamente alterada representa también una falla institucional. Alguien recibió los expedientes. Alguien los revisó. Alguien autorizó el registro. Y, eventualmente, alguien firmó contratos.

Por eso resulta positiva la decisión del gobierno estatal de endurecer los requisitos para integrar el padrón de proveedores. Solvencia económica, capacidad técnica, experiencia y solvencia moral no pueden ser simples requisitos de papel. Deben verificarse de verdad.

¿Empresas sin ganancias, con mínima estructura laboral, pero capaces de contratar con el gobierno? Es claro que una empresa fantasma no siempre es un edificio abandonado o una oficina vacía. A veces tienen domicilio, papeles, sello y hasta contratos. Lo que no tiene es operación suficiente para justificar el dinero que factura. La investigación apenas empieza…