SSP, Segob y Derechos Humanos investigarán denuncias de abusos y hacinamiento en el penal de San Miguel
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Gobernación (Segob) y organismos de Derechos Humanos integrarán una comisión investigadora para revisar las condiciones del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, luego de las denuncias de presuntas extorsiones, abusos y condiciones inhumanas en algunas de sus áreas.
El titular de la SSP, Francisco Sánchez González, informó que la decisión se tomó tras dialogar con el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, ante la circulación de señalamientos sobre el funcionamiento del centro penitenciario, particularmente por los recientes bloqueos viales y los videos difundidos sobre la zona conocida como “W”.
La revisión también contempla la posibilidad de incorporar a representantes de medios de comunicación, con el propósito de analizar las condiciones del penal y conocer directamente lo que ocurre en su interior. Sánchez González señaló que existe información de distintas fuentes que debe verificarse, por lo que consideró necesario realizar una investigación conjunta.
El funcionario reconoció que existen áreas del centro penitenciario que requieren mayor atención y vigilancia; sin embargo, explicó que también hay protocolos de seguridad que establecen diferentes niveles de control, especialmente porque San Miguel alberga a personas privadas de la libertad consideradas de mediana y alta peligrosidad.
La creación de esta comisión ocurre después de que el martes pasado se registraran al menos ocho bloqueos en vialidades de Puebla y municipios de la zona metropolitana.
Las movilizaciones fueron encabezadas por personas que se identificaron como familiares de internos y exigieron la destitución del director del penal, Jorge Ortiz, por presuntos actos de corrupción, extorsiones y cobros irregulares que, según sus denuncias, alcanzarían hasta los 300 mil pesos.
Entre las inconformidades también mencionaron supuestas amenazas, falta de medicamentos y pagos exigidos para garantizar la seguridad de los internos.
A estos señalamientos se sumaron videos y publicaciones en redes sociales sobre la zona “W”, donde denunciaron condiciones de hacinamiento, aislamiento y presuntos cobros de entre 30 mil y 100 mil pesos a familiares para evitar que otros internos golpeen a sus parientes.
Ante este escenario, la comisión buscará revisar las condiciones del Cereso de San Miguel y esclarecer las denuncias que han generado preocupación entre familiares de personas privadas de la libertad.