La crisis de vivienda desata protestas en España tras el rechazo de dos decretos
Decenas de miles de personas se manifestaron el 3 de octubre de 2026 en distintas ciudades de España para exigir alquileres más accesibles y mayor protección para los inquilinos. Las movilizaciones se produjeron un día después de que el Congreso rechazara dos decretos del Gobierno destinados a frenar los desahucios, extender contratos y limitar algunas prácticas vinculadas al mercado inmobiliario.
La protesta reflejó el alcance de una crisis que afecta especialmente a quienes rentan una vivienda en las principales ciudades del país. Madrid concentró una de las marchas más numerosas, aunque las cifras de asistencia fueron muy diferentes: el Sindicato de Inquilinas de Madrid calculó 500.000 participantes, mientras que la Delegación del Gobierno estimó 70.000.
El Sindicato de Inquilinas convocó alrededor de 50 marchas bajo la consigna de avanzar hacia una huelga general por la vivienda. Las principales demandas fueron reducir los alquileres, detener los desahucios de personas vulnerables, establecer contratos indefinidos y restringir la compra de viviendas por parte de los llamados fondos buitre.
El rechazo parlamentario elevó la tensión
El Congreso rechazó el primer decreto por 178 votos contra 172 y el segundo por 184 contra 166. Las iniciativas habían sido presentadas por el Gobierno de coalición integrado por el Partido Socialista y Sumar, que no cuenta con mayoría parlamentaria.
El Partido Popular (PP) y Vox habían anunciado que votarían en contra de ambos textos. La oposición de Juntos por Cataluña (JxCat), sumada a la falta de respaldo suficiente entre las formaciones nacionalistas de Cataluña y el País Vasco, dejó al Ejecutivo sin los votos necesarios para aprobarlos.
El primer decreto planteaba suspender hasta 2030 los desahucios de inquilinos vulnerables, ampliar por dos años los contratos que vencieran antes de 2028, aumentar los impuestos a los apartamentos turísticos y limitar la adquisición de viviendas residenciales por parte de fondos de inversión. El segundo proponía la renovación automática de los contratos de alquiler.
El fracaso legislativo alimentó las especulaciones sobre una posible convocatoria anticipada de elecciones generales. Sin embargo, las organizaciones de inquilinos sostienen que la prioridad debe ser aprobar nuevas medidas para contener los alquileres y garantizar alternativas habitacionales.
Madrid y Valencia concentraron los principales focos
En Madrid, los manifestantes se concentraron en la plaza de Cibeles y otras zonas del centro. Algunas personas permanecen acampadas desde hace días en la Puerta del Sol, donde se han organizado asambleas y actividades relacionadas con la crisis habitacional.
Las pancartas incluían mensajes como «No habrá paz para el rentismo» y «Estudio para tener un futuro, no para vivir en un apartamento diminuto». Los asistentes también corearon «Tenemos las llaves de toda la ciudad» mientras mostraban sus propios juegos de llaves.
En Valencia se registraron enfrentamientos entre algunos manifestantes y la policía cerca del Palau de les Arts Reina Sofía, donde se celebraba una cumbre inmobiliaria. De acuerdo con la información difundida por medios españoles, algunos participantes retiraron barricadas y lanzaron objetos contra los agentes, quienes respondieron con balas de goma. RTVE informó de nueve policías heridos y cinco personas detenidas.
La movilización también se extendió a otras ciudades. En Barcelona, las protestas previstas fueron afectadas por las condiciones meteorológicas, mientras que se anunciaron marchas en distintos puntos del país para mantener la presión sobre el Gobierno y el Congreso.
El costo del alquiler impulsa la movilización
La dimensión económica del problema aparece en los testimonios de los manifestantes. David, uno de los participantes, declaró a RTVE: «No estamos aquí por placer ni comodidad. Estamos aquí por convicción».
Marcos Sainz, bibliotecario de 26 años, explicó a AFP que anteriormente compartía con amigos un departamento de dos habitaciones por 900 euros mensuales. Según su testimonio, actualmente un departamento de una habitación puede costar alrededor de 1.000 euros. Sainz afirmó que continuará protestando contra las subidas de los alquileres hasta que se adopten medidas de regulación.
Las protestas comenzaron a intensificarse después del desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que no pudo afrontar un aumento considerable de su alquiler. La presión social llevó a Urbagestión, propietaria de la vivienda, a negociar su regreso con una renta reducida, pero el caso mantuvo abierta la discusión sobre la protección de las personas mayores y vulnerables.
El Sindicato de Inquilinas de Madrid afirmó que el rechazo parlamentario agravaba una crisis que afecta a la clase trabajadora. La organización también impulsa la convocatoria de una huelga general, aunque todavía no se ha definido el alcance de esa iniciativa.
Un déficit de vivienda que amplía el problema
El Banco de España estima que existe un déficit de 700.000 viviendas, calculado a partir de la diferencia entre la demanda y la construcción de nuevos inmuebles. Esta escasez se combina con el aumento de los precios y con una oferta limitada de viviendas en alquiler.
Los datos del segundo trimestre de 2026 del Instituto Nacional de Estadística indican que los precios de la vivienda aumentaron 12,2% en un año. A su vez, Idealista calculó que los alquileres subieron 8,5% durante 2025 y que en Madrid el incremento alcanzó 9,7%.
Barcelona y Madrid figuran entre las ciudades más caras de España para alquilar una vivienda, con precios de 23,80 y 22,70 euros por metro cuadrado, respectivamente. Para los sindicatos de inquilinos, estas cifras muestran que el problema no se limita a casos individuales, sino que responde a un desequilibrio estructural entre ingresos, oferta y costos habitacionales.
El rechazo de los decretos dejó al Gobierno ante la presión simultánea de las calles y de un Congreso fragmentado. Mientras continúan las movilizaciones, la respuesta a la crisis dependerá de que las fuerzas políticas logren un nuevo acuerdo sobre alquileres, desahucios y disponibilidad de vivienda.